Desde los aspectos legales que cobijan la situación de familias desplazadas, la ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia, dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”
ARTÍCULO 25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante” (Ley 1448 2011).
Desde que la familia Hoyos Gómez fue desplazada de su municipio natal San Francisco, recibieron ayuda humanitaria en los primeros seis meses, realizaron la denuncia para que fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado ante la Unidad de Víctimas UARIV, sin embargo, después de 16 años de sucedidos los hechos no han recibido ninguna de las formas de reparación mencionados en el artículo 25 de la ley de víctimas y restitución de tierras.
La lucha de esta familia y de otras, es perseverar para ser reconocidos sus derechos, por eso, doña Flor Dary hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas para hacer conocer su voz respecto a las dificultades que han padecido para acceder a la debida reparación.
Esta lucha por vivir en dignidad y tranquilidad no ha sido fácil, de acuerdo con el testimonio de esta familia, si bien han recibido propuestas para retornar a su tierra, no ven las garantías de seguridad y dignidad para hacerlo, y además, han reconstruido su vida en el municipio de Rionegro, y a pesar de las innumerables dificultades han logrado alcanzar lo más sagrado para ellos, la tranquilidad.
Liliana Ciro Duque, secretaria de Gobierno del municipio, en una entrevista realizada por el periódico El Colombiano en el año 2013, explica que la mayoría de los retornados se quedaron en la cabecera municipal debido a que el monte y el tiempo, acabó con sus fincas.
La mayoría de la gente es de zonas rurales, pero están en la zona urbana, no porque no estén dadas las cosas, sino porque eso allá está vuelto nada —comenta—. Tendría el municipio que darles mejoramiento, mejor dicho, vivienda, porque esa es la reparación integral, pero para eso necesitamos apoyo de más entidades.
Además de que las fincas están caídas, muchos retornados no han regresado a sus fincas porque no se han desminado. Aunque Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), dijo que después del desminado de San Carlos los esfuerzos se iban a concentrar en San Francisco, la tarea no ha terminado” (Rivera Marín , 2013).
A partir de este escenario, la familia Hoyos Gómez no ha visto en el retorno, pues su opción de vida estaría en la posibilidad de seguir construyendo su habitar en el municipio de Rionegro.
Desde su instancia en la vereda Alto Bonito del municipio de Rionegro, su lucha ha estado marcada entre la permanencia en los términos legales que establecen los procesos de planeación municipal, donde son vistos como un sector de invasión. Sin embargo, las familias que allí habitan poseen sus documentos de escritura y compraventa, y los impuestos ante catastro, que pagan cada año como establece la ley. Todo esto les ha dado el derecho de permanencia en su nuevo habitad y es la bandera de defensa para que sus derechos no sean vulnerados y no los revictimicen, negándoles la posibilidad de vivir en paz y en dignidad.
De acuerdo al testimonio de doña Flor Dary
eso del tema de la reparación, cada familia que está aquí se ha presentado a la Unidad de Atención y reparación de víctimas del conflicto armado. Gracias a Dios está en Rionegro porque antes no estaba, y uno ya puede ir allá y averiguar cómo va el caso.
Aunque a uno le da como pereza estar en esta Mesa (departamental de víctimas), porque uno no ve mucho avance de lo que se hace, por ejemplo, cuando nos reunimos cada mes, evaluamos las falencias y todo eso, y entonces, si eso corresponde al alcalde se lo mandamos al alcalde, si es para la mesa de víctimas en Bogotá, allá se la mandamos, y la respuesta es que sale una ley y sacan un montón de decretos. A veces eso impide que las cosas funcionen como uno desea y hasta ahora, no hay mayor avance. Aunque la personería municipal es la que nos apoya y la personería siempre ha estado con nosotros.
Para ellos ha sido muy importante que haya un enlace de víctimas en el municipio de Rionegro porque de lo contrario no podrían estar informados de los procesos de los casos que adelantan ante esta instancia por su situación de vulneración
El año pasado cuando nos reunimos con la Mesa Departamental de Víctimas (todas las mesas municipales) y realizamos muchas cartas manifestando que no estábamos de acuerdo con el decreto que decía que la prioridad en la reparación eran las personas de 70 años, porque los jóvenes y los niños no eran culpables de haber tenido que sufrir la guerra. Esperar que un niño ajuste 70 años, ¿para qué? eso son trabas que le van poniendo a la reparación, y uno ve que la mesa municipal de víctimas sirve para defender los derechos de todas las víctimas a nivel municipal, y con la mesa de víctimas se recogen todas las cosas con las que no estamos de acuerdo.
A mí me gusta estar y participar de estos espacios porque es una forma de luchar por nuestros derechos (Flor Dary Gómez).