Para entender cómo es posible que el agua, un recurso que en todo el mundo es de libre acceso, salvo en Chile, hay que ir atrás en la historia. El Golpe de Estado de 1973, dio paso a un modelo económico privatizador y mercantilizador que, amparado en la Constitución de la República de 1980 y en su Código de Aguas de 1981, separó el agua de la tierra e hizo del agua un bien transable en el Mercado. Lo anterior se expresa en la siguiente contradicción del artículo 5° del Código de Aguas que plantea por un lado que el agua es un derecho de uso público, pero permite la especulación económica:
“Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código (Artículo 5° del Código de Aguas).”
El mayor conflicto al que se ha visto enfrentada la Unión de APRs en su joven historia, es esta privatización que dio paso a un modelo agroindustrial que tiene seca la cuenca. Es también reviste mayor desafío, puesto que es dicha Unión la que hace posible la gestión proyectos para que las comunidades más vulnerables tengan acceso al agua y se informen sobre su buen uso y cuidado.
Luego de conversar con los dirigentes protagonistas de este caso, y constatar en terreno las labores extraordinarias que realizan para el bien de sus comunidades, queda absolutamente claro que, de no ser por esta gestión unificada de esfuerzos, reflejada en sus mingas, gran ejemplo de solidaridad, probablemente la escasez hídrica por la que atraviesa Petorca sería aún más violenta. Sin embargo, por mucho esfuerzo que exista de autogestión y auto gobernanza, en conjunto con el apoyo de distintas instituciones y proyectos, nacionales e internacionales, en lo concreto el agua en Chile está en manos de privados, sus leyes amparan la extracción indiscriminada y la especulación, todo en desmedro de las comunidades pobres campesinas que ven morir la naturaleza, su historia, sus costumbres y su cultura. El Estado es quien debiese garantizar a sus ciudadanos el acceso de este vital elemento, es por esto que, la única forma que se vislumbra para alcanzar esa meta es el cambio de la Constitución Política de Chile. Al respecto Álvaro Escobar, el presidente de la Unión de APRs de la Cuenca del Río Petorca, señala:
“El Estado debe ser responsable porque somos una zona de sacrificio extremadamente vulnerable, extremadamente sobre exigida en cuanto al recurso hídrico disponible, de un tremendo antagonismo del conocimiento entre empresarios y pequeños agricultores que nunca supieron lo que es tener un derecho de agua constituido. Comunidades que no tienen idea que hay que tener derecho porque las personas no saben que sobre el agua hay que tener derechos, entonces hay que empoderarse para saber sobre el Código de Aguas. Hay que votar una nueva constitución que nos empodere con el tema del agua para la comunidad, respetar el derecho humano básico, yo lo hago valer porque vivo en el territorio y soy ciudadano chileno. Hay que preparar y participar en la nueva constitución, y en un Código de Aguas que nos favorezca, que haga que el agua sea un bien común de uso comunitario y que eso quede plasmado en la carta fundamental, de ese modo le sacamos el peso al dirigente social. ¿A quién le va a pedir agua si el agua se acaba?”.