“Se puede decir que el conflicto no cambia las cosas de la realidad jurídica de las tierras, pues este problema es más cultural, porque la gente hereda, pero no valora una propiedad raíz. También se tiene que entrar a considerar el arraigo por la tierra, hay personas que consideran que no van a vender y no se preocupan por definir su realidad jurídica. Las familias se mantienen en su territorio y en vez de vender, compran.” (Diosdado Quintero, comunicación personal, 14 de julio de 2017, El Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia).
En Colombia se reconocen varias formas de adquisición de dominios, entre ellas están: la ocupación, que es una figura jurídica mediante la cual se ejerce ánimo de señor[1] sobre una tierra, con el propósito de adquirir su propiedad mediante prescripción con el pasar del tiempo; la accesión, que es como los campesinos que no poseen tierra, pueden acceder a ella mediante subsidios que brinda el Estado; la tradición, que se define como la entrega de un bien, con el fin de transmitir su derecho de posesión; la sucesión por causa de muerte y la prescripción, que permite que con el pasar del tiempo se consolide la tenencia de las tierras adquiridas mediante su ocupación.
Con el propósito de solucionar los problemas con respecto a la tenencia de la tierra en la vereda, dos entidades nacionales estudiaron las demandas de titulación de tierras: el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)[2] y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)[3].
Inicialmente, fue el Incora quien tuvo pretensiones de titular tierras, no obstante, se dieron cuenta de que la realidad de La Esperanza era que habían muchas sucesiones, pues mucha gente heredaba y no se preocupaba por hacer legalizar los lotes que les correspondían. Sumado a ello, están las normas que prohíben la titulación de tierras que midan menos de 2500 m2 en el área rural[4].
Los territorios se han ido volviendo minifundios. Se puede ver como la sucesión de las tierras se ha venido haciendo incluso, como hacen los notarios… se hace una escritura por 800 m. e incluso por 400 m. y eso en lo que se ha venido convirtiendo es en conflictos, porque si nos ceñimos al PBOT, son 3 viviendas por ha. Y ya se pueden ver centros poblados en los que hay 8 o 9 por ha. La convivencia se va volviendo difícil, pues como se va creciendo, también se requieren más recursos y servicios. En el caso del agua, las fuentes están agotadas. En temporada seca las personas van subiendo más las mangueras para captar el agua. Las aguas residuales van a fuentes hídricas y los vecinos empiezan a quejarse por los malos olores y porque no le dejan tener un medio ambiente sano. (Quintero, D., 2017).
Después de esto, el Incoder logró hacer algunas escrituras gracias a que no hubo oponentes contra la titularidad de la tierra. Estos terrenos ya pasaron a tener una realidad jurídica clara. Sin embargo, según el señor Diosdado, aproximadamente el 40% de la tierra tiene una realidad jurídica clara, mientras que el 60% siguen siendo sucesiones y posesiones, tenencia informal de la tierra; los sujetos que ocupan estas tierras son tenedores, poseedores y ocupantes. Por otro lado, se evidencia la ineficacia e ineficiencia del Estado, que no se ha trazado metas claras para resolver la situación con la tenencia de la tierra. De hecho, él hasta el momento sigue siendo poseedor, aunque ya lleva aproximadamente de 20 a 23 años en su tierra. Dicha situación no es particular de la vereda, puesto que en el resto del país la distribución y concentración de tierras son uno de los problemas agrarios más considerables.
Oficialmente, con base en los datos catastrales que maneja el IGAC[5], se ha estimado que el nivel de informalidad en la tenencia de la tierra rural, es cercana al 40% de la totalidad de los predios rurales, siendo el indicador aun más alto en las zonas de pequeña propiedad campesina. La informalidad en la propiedad de la tierra se torna más dramática, en relación con la población víctima del desplazamiento forzado y despojo, donde se registran índices superiores de ella. (Mejía y Mojica, 2015).
Cabe señalar que el Incoder se liquidó por los malos manejos que se le venían dando, las constantes denuncias de corrupción y la insostenibilidad económica de la institución. Para tratar todos los asuntos de tierras, se creó, bajo Decreto Ley 2363 del 07 de diciembre de 2015, la Agencia Nacional de Tierras[6], con la cual no se han establecido procesos concernientes a la comunidad de La Esperanza y que pese a su reciente funcionamiento, crea desconfianza por los vicios jurídicos en los cuales se han visto enredadas las instituciones gubernamentales.
En La Esperanza la concentración de tierras no es significativa, se cree que la persona que más puede tener, tiene cerca de 10 ha. en la parte que es productiva, porque si se entra a considerar las fincas que fueron abandonadas por el conflicto, se encuentran fincas de 20 a 25 ha. de tierra en la parte alta de la vereda. (Quintero, D., 2017).
Otro de los conflictos que se reconocen dentro de la vereda, tiene que ver con las vías. Por un lado, la falta de carreteras en la parte alta del territorio dificulta la comunicación de los campesinos con la parte baja y, el transporte de los productos es complicado y costoso. Por otro lado, con la doble calzada de la autopista se van a desplazar varias familias y se va a afectar de manera negativa a las personas que viven de los lavaderos de carros porque muchos van a desaparecer. En el momento hay personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas y que no se desplazan de la vereda porque ahí tienen su tierra y no cuentan con los recursos para establecerse en otro lugar.
La Esperanza no tiene vías, lo ideal sería que se contemplara la construcción de vías en el PBOT. Las fincas que tienen más extensión están en la parte de arriba de la vereda, a donde se accede a una hora en caballo y donde se siembra más agricultura. El hecho de pasarse de 15 minutos para el transporte de los alimentos, pierde dinero y hace que el costo de los transportes sea inviable para el agricultor. Un debate al que se entra con la apertura de vías es que con ellas llegan más habitantes a la vereda y la agricultura industrial que entraría, afectaría ambientalmente a la parte baja de la vereda y a las fuentes hídricas de las que se alimenta la población, pero si se quiere que el territorio siga siendo habitado y que las familias se queden, es de urgente necesidad expandir las vías y los sistemas de producción. (Quintero, D., 2017).
Resulta preocupante que la doble calzada que está planeada para la autopista Medellín-Bogotá pueda hacer que los lavaderos de carros desaparezcan y que no se planteen otras alternativas para la subsistencia de la población que depende de ellos, pues están ligados a lo que el Ministerio de Transporte decida. Uno de los objetivos de la construcción de la doble calzada es desaparecer esta actividad de la que dependen varias familias por la alta presión hídrica que se ejerce al Río Cocorná sobre el que hay solicitudes de merced de agua de los piscicultores del municipio de Cocorná y, según el señor Diosdado, uno de los interesados en que se acabe con esta labor es este municipio, porque los lavaderos no dejan que sus habitantes desarrollen la actividad piscícola. La calidad de vida de las personas está quedando frenada, mientras que antes se pedía no construir a 15 m. de la vía, ahora se exige que no se construya a 30 m.; si se considera que la mayoría de las personas poseen minifundios, se ve la magnitud del problema.
Hay familias que no tienen tierras, que solamente cuentan con una vivienda, otros ni techo tienen y se ven en la necesidad de vivir con su familia materna o paterna y lo que ocurre con ellos es que tienen entre uno a tres días de jornal y otros no tienen nada. Lo que se prevé con esto es que se va a venir una fuerte deforestación en la vereda, pues los jóvenes están volviendo a actividades que no eran tan restringidas como lo son la extracción de productos del bosque: envaradera[7] y madera. Apenas se están recuperando los bosques y los árboles para poder ser aprovechables y ya se ven personas entrando a los bosques con mulas y otros haciendo préstamos con el Banco Agrario para comprar motosierras y acerrar…
…se viene otro conflicto en la vereda porque ahora sí hay normas y se considera un delito la explotación maderera. (Quintero, D., 2017).
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División de la vereda por predios
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