En América Latina, desde la década de los noventa, se comenzó a experimentar un aumento significativo de inversiones por parte de empresas extractivas. Perú por su parte, promovió una serie de reformas para convertirse en un destino potencial para la inversión privada, fundamentalmente a partir de capital extranjero.
En la década de los 90, se iniciaron los primeros estudios de factibilidad para la producción minera en Cajamarca, por parte de la Minera Yanacocha S.R.L., la segunda empresa minera más grande del mundo. Yanacocha realiza exploración aurífera a cielo abierto en cuatro cuencas del departamento de Cajamarca, abarcando 26.000 hectáreas y representando actualmente la mina de oro más grande de Sudamérica.
Lo que resulta contradictorio es ver la situación de la pobreza y a la vez, el ascenso de Cajamarca como región minera, sin encontrar una lógica entre el crecimiento económico que pueda generar una verdadera mejora a los problemas sociales y económicos, y los casos vistos en Sorochuco. El Perú ocupa el quinto lugar en el mundo en la producción de oro y la primera región productora del oro en el país es Cajamarca, aunque paradójicamente también es la segunda región más pobre del Perú.
Desde el ingreso de la minera Yanacocha, se ha venido depredando los recursos naturales y esta empresa es responsable de una serie de tragedias ambientales con consecuencias sociales muy graves, la afectación a los modos de vida de la población, sus comunidades y la relación que mantienen con la naturaleza.
Con estos antecedentes llega el proyecto minero Conga al distrito de Sorochuco que se ubica en cinco cabeceras de cuenca, la del Río Jadibamba, Río Chailhuagón y quebradas Chirimayo, Chugurmayo y Toromacho, afluentes de los Ríos Sendamal, Chonta y Llaucano, principales ríos de las provincias de Celendín, Cajamarca y Bambamarca. Zavaleta (2014:8) menciona que el proyecto Conga es emblemático del proceso de implementación de políticas neoliberales dado que desde 1976 “ningún nuevo proyecto de explotación minera contaba con la participación de capitales extranjeros: su realización fue resultado de las nuevas políticas de promoción de la inversión.”
“A mí lo que me motiva a luchar por Sorochuco es el territorio (…) por ejemplo, en la parte alta se produce: papa, oca, mashua, haba, chocho, quinua; tenemos plantas medicinales: la valeriana, la chicoria, el chinchimali (…); en la parte baja, que le decimos el quechua, nos da: maíz, trigo, alverja, cebada, lenteja, la zanahoria y todos los frutales (…) y en el valle de Alanya tenemos: Café, naranja, palta (…). Por esto, para mi Sorochuco es el distrito más hermoso, pero, lamentablemente vivimos bajo el oro”
(Emperatriz Bolaños, campesina de Sorochuco)
El proyecto minero Conga, está ubicado en el departamento de Cajamarca: en la provincia de Celendín (distritos de Huasmín y Sorochuco) y en la provincia de Cajamarca (distrito de La Encañada). Según Grufides (2014), este proyecto pretende extraer entre 480.000 y 780.000 onzas anuales de oro y 54.000 toneladas de cobre durante aproximadamente veinte años, contando con una inversión estimada de 4.800 millones de dólares. Para ello, se destruirían cuatro lagunas, dos (El Perol y Mala) serán vaciadas para extraer mineral y las otras dos (Azul y Chica) serán usadas como depósitos de desmonte.
En la actualidad el proyecto se encuentra paralizado, porque representaba una amenaza contra las campesinas y campesinos de Sorochuco, su territorio, sus formas de vida y su cosmovisión, elementos que en el mundo andino representan relaciones ligadas a lógicas de reciprocidad y reproducción de la vida comunitaria. Por ese motivo la sociedad local a través de organizaciones comunales, frentes de defensa, rondas campesinas y ONGs, alzaron su voz de protesta para impedir que el proyecto se realice.
En este escenario de conflicto eco-territorial, las mujeres del distrito de Sorochuco han sido una pieza fundamental en la resistencia ante la empresa minera y han ido adquiriendo un papel central en la defensa del agua y la tierra. En este estudio de caso se presentan las historias de dos campesinas: Máxima Acuña Ayala y Emperatriz Bolaños Ayala, originarias del distrito de Sorochuco y defensoras de la tierra y el agua.
Agua sí, mina no
Emperatriz Bolaños, campesina y rondera de 49 años, es originaria del distrito de Sorochuco. El ingreso de la mina significó un cambio en su vida diaria, dado que ha sido víctima de la represión del Estado y las formas violentas en las que la mina actúa contra la población.
Actualmente ella ha sido procesada, junto con otros dieciséis líderes comunitarios, acusados en el año 2011 por el exgobernador Distrital Luis Castañeda Pisco y por Pedro Zamora Rojas, ex gobernador de la provincia de Celendín, por su supuesto secuestro agravado, coacción y ultraje a los símbolos patrios, crímenes que podrían llevar a penas de hasta 36 años de prisión a varios de los acusados (Muniz, 2017).
“Para mí pidieron 32 años y 8 meses de cárcel y 10 mil soles de reparación civil. Fui denunciada por el gobernador de Sorochuco, nos enjuició por levantarnos en contra de la mina en el 2011”, dice Emperatriz y evidencia que uno de los recursos utilizados por las empresas mineras y por el Estado en el Perú, es la criminalización de la protesta. “Nos denunciaron para no poder defender a nuestro pueblo, que usted se da cuenta es muy lindo y muy hermoso” explica.
Los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco exigían, en el momento del incidente, la destitución de Castañeda, alcalde de Sorochuco en ese momento, por “su cercanía a la minera Yanacocha”. Empresa formada por un consorcio de la empresa estadounidense Newmont, el Banco Mundial y la empresa peruana Buenaventura, vinculada por varios años a la brasileña Odrebretcht (Muniz, 2017).
Impacto de la mina en su vida
Emperatriz Bolaños es madre soltera y jefa de hogar. Normalmente las mujeres en zonas rurales, ejercen la actividad agrícola y pecuaria como ocupación principal: producen y conservan las semillas, siembran, cosechan y clasifican la producción agrícola; asimismo, cuidan del ganado vacuno, ovino y animales menores (cuyes y gallinas). Emperatriz, quien realiza estas actividades en los terrenos de su papá, manifiesta que la producción en el distrito de Sorochuco, a pesar de su producción a pequeña escala, es muy diversificada y desenvuelta gracias a la interacción entre pisos ecológicos y el rol fundamental que cumple el agua para ellos.
Todo esto cambió desde que se involucró en la defensa del agua en su comunidad, algunos de sus vecinos e incluso familiares la han aislado, acusándola de detener el progreso de su pueblo y de recibir grandes cantidades de dinero por parte de organizaciones que defienden el medio ambiente.
La mina actuó en Sorochuco difamando a Emperatriz para desmerecer la lucha de campesinos como ella, consolidando un discurso negativo hacia las personas que defienden el agua. Además, la mina ha realizado campañas de deslegitimación de forma directa e indirecta en contra las personas que se unen a la resistencia, utilizando mecanismos legales de forma truculenta para criminalizar la protesta e iniciando una campaña de difamación en contra de las mujeres que defienden el agua y su territorio. “Yo ahora trabajo en el mercado, porque soy madre soltera y tengo que vender comida para mantener a mis hijos. Los pro mineros me difamaron, dijeron que me han dado mucho dinero, que ahora mis hijos visten bien, que me pagaban una mensualidad”.
Continúa la lucha para Emperatriz
Según Emperatriz, la empresa minera Yanacocha amenaza con la reubicación de Sorochuco debido a la contaminación que podría causar la mina si comienza con las explotaciones, por este motivo son varias y varios los campesinos que continúan organizándose en la defensa del agua. Como manifiesta Emperatriz: “somos varios de los que defendemos el agua, tenemos miedo que destruyan nuestro distrito y nos tengan que reubicar…” Para Emperatriz alejarse de su tierra de origen, significaría destruir todos los lazos entretejidos entre ella, su historia y su pueblo de Sorochuco.
Los argumentos que utilizan los representantes de la mina, es decir que ésta traería desarrollo a su pueblo, son insuficientes. Para Emperatriz queda claro que eso significaría despojarlas de un recurso importante para ella como es el agua: “A la gente les dicen que eso es para el desarrollo del pueblo (…) les han dado unos tanques grandes de ‘rotoplast’ para que junten agua para la cosecha, porque ya no va haber agua”. Emperatriz no cree en este tipo de desarrollo y por eso continúa organizándose con los Defensores y Defensoras de las lagunas para ir a vigilar las que existen en Sorochuco.
Máxima Acuña Ayala. Créditos IIDS
Máxima Acuña y la defensa de la tierra
Máxima Acuña es una campesina y artesana originaria de la comunidad de Amarchuco del distrito de Sorochuco. Desde 1994 ella y su familia ocuparon el terreno denominado “tragadero Grande”, sector por el cual entrarían en disputa con la minera Yanacocha desde el 2011 hasta el 2017, cuando ella termina venciendo la batalle legal con la minera.
Máxima recuerda cómo adquirió ese terreno:
Mi suegro compró las tierras en Las Posadas, lo que ahora es ‘Tragadero Grande’ y ahí también el hermano de mi suegro tenía su terreno… el hermano de mi suegro decide vender su terreno y como mi familia y yo no teníamos donde vivir, nos ofreció vendernos ese terreno en 1994, desde ahí nosotros empezamos a vivir en esa propiedad.
A través de la compra de ese terreno, el esposo de Máxima adquirió el certificado de posesión y formaron parte de la comunidad de Sorochuco.
Máxima Acuña, antes de la llegada de la minera, desarrollaba ampliamente sus libertades. Ella antes de la llegada de la mina, pastoreaba animales y a veces también pastoreaba los animales de otra gente, trabajo retribuido con alimentos y a veces con dinero, que Máxima ahorraba para comprarse el predio en Tragadero Grande, donde afianzó más su relación con la tierra a través de actividades como la agricultura y el pastoreo.
Ubicación de la parcela de “Tragadero Grande”, fuente: GRUFIDES
Máxima cuenta que antes del problema, ella vivía tranquila en su chozita, dedicándose a la artesanía: "Mayormente, me dedicaba a tejer los sombreros de paja con quilla y de ahí aprendí a coser en máquina costurera. Luego ya tenía que hacer mis tejidos, por ejemplo, lo que utilizamos aquí como fajas, chalinas. También me dedicaba a criar animales pequeñitos como cuyes, gallinas, ovejitas".
Por otro lado, su esposo Jaime Chaupe y sus hijos, se dedicaban a sembrar y cosechar sus tierras la cuales están ubicadas en la zona de la Jalca: "Mi esposo trabajaba la chacrita a lo que podíamos, para poder sembrar la papa, el olluco, la oca y también por partecitas se siembra el pasto, que es el trébol, la avena, el heno, que mayormente eso se hacía para las vaquitas lecheras y en cambio el resto queda para el ganado que les decimos los de seca…"
Llegó la mina a Sorochuco
En el año 2011, la empresa Minas Conga transfiere el predio a Yanacocha y ésta se presenta en el sector, atacando a la familia Chaupe y destruyendo su choza. La familia Chaupe levanta una denuncia que es denegada porque según cuenta Máxima: “hasta ese momento nadie nos apoyaba, no sabíamos cuantos meses de proceso tiene una denuncia para que la archiven y ellos sí lo sabían, nosotros llamábamos a un abogado y fue por las puras porque no nos ayudó en nada”.
De esa manera al no presentar a tiempo los documentos, dado que la familia de Máxima no tenía como costear los gastos que implicaba ir hasta Celendín, el caso quedó archivado y procedieron a desalojarlos:
La misma Fiscalía ya envía a la policía para que nos desaloje en el 2011. Ahí ya entraron a toda fuerza a desalojarnos con la policía, con la DINOES y con personal de la mina. Entraron a toda fuerza y nos hicieron el desalojo y nosotros llamamos a la Fiscalía en Celendín, llamamos al abogado y nos dijeron que ya se había archivado… nosotros ya no podíamos hacer nada en ese momento. (Máxima Acuña)
Después del desalojo, Máxima y su familia quedaron en la intemperie, porque habían destruido su casa y les habían quitado todas sus pertenencias. Ella cuenta: “Nos llevaron todas nuestras cosas, nuestra choza la quemaron, nuestra madera la llevaron a la fiscalía, mis cosas las cargaron en sus camionetas, yo me arrodillaba y les decía ‘no me llevan mis cosas, porque miren soy ser humano, quiero comer tengo hambre ¿en qué voy a cocinar?’”. Sin embargo, a pesar de sus súplicas no hubo respuesta y los dejaron sin ningún tipo de protección. A pesar de eso, Máxima no estaba dispuesta a abandonar su propiedad porque consideraba que si ella se iba, la minera iba a entrar a su terreno y sería más difícil para ella recuperarlo.
A partir del desalojo la familia de Máxima empezó a resistir, sobretodo porque consideraban que estaban en su derecho. Máxima cuenta que tuvieron que pasar hambre y frío, porque en el desalojo lo único que pudieron salvar fue la ropa que ellos llevaban puesta. Incluso, cuando ellos querían volver a construir su casa, según cuenta, alrededor de cien policías llegaron a enfrentarse con su familia de sólo ocho integrantes: “Ellos trajeron al capitán de la DINOES para que los saquen porque ellos nos podían. Yo si así me quedaba… en ese momento para mí no había sueño, no había hambre, no había frio, no había nada.”
¡Máxima no se rinde!
Desde el 2014, según cuenta Máxima, las cosas en Sorochuco se agravaron. Sin embargo, su esposo Jaime Chaupe, viajó a la ciudad de Cajamarca para buscar ayuda, encontrando a Mirtha Vásquez, directora legal de Grufides:
Alguien se compadeció de mi esposo y de nosotros que estábamos en la Jalca, resistiendo de los abusos. Así se comunicó con él y le dijo que vaya por una dirección y pregunte por Mirtha Vásquez y la oficina de Grufides. Desde ahí la abogada puso la denuncia y a través de sus conocidos difundió mi caso.
Ya con la compañía de Mirtha, Máxima se sentía más protegida y no estaba dispuesta a doblegarse ante el accionar truculento que tenía la mina. Sobre esto recuerda:
Cuando salió el fallo en Celendín, la mina ya lo había preparado y salió a su favor. Fue extraño porque cuando pedimos la copia de la sentencia, no nos la quisieron dar, porque dijeron que todavía no la habían preparado. Después, nos dijeron que ellos habían ganado porque nosotros no habíamos presentado a tiempo los documentos. Yo no lo podía creer si cuando la jueza había pedido los documentos, nosotros los habíamos puesto en su mesa, sólo que ella perdió los documentos a propósito.
Máxima nunca se rindió, y es así como en marzo del 2014, acompañada por su hija Ysidora, viajó a Francia, Suiza y Bélgica, donde frente a la Comisión Europea, las Naciones Unidas y organizaciones de apoyo como Amnistía Internacional, relataron sus experiencias de atentados, desalojos forzosos, violencia física y acoso por representantes del Estado y de la empresa.
Después del fallo a favor de la empresa minera, Máxima apeló en Cajamarca, alcanzando un resultado favorable para ella y su familia. La minera no contenta con este fallo, presentó un recurso de casación, último recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional en Lima, donde se ratificó que el predio del sector de Tragadero Grande era de propiedad de Máxima Acuña.