Los indígenas y campesinos de la sierra centro del país, catalogados de poblaciones pobres y analfabetas según estadísticas nacionales, han sido objeto de procesos de intervención estatal y de la cooperación para el desarrollo a partir de los años 80; bajo los preceptos de “sacarlos” de sus condiciones paupérrimas se han implementado un sinnúmero de proyectos de desarrollo rural, cuyos objetivos de mejorar la productividad y los ingresos familiares han sido un espejismo de éxito basado en la insostenibilidad de la “revolución verde”, y en su lugar, instalan un escenario de amenaza permanente a la consolidación de sus territorios.
En este contexto, durante los últimos cinco años confluye la propuesta alternativa de sustentabilidad y organización campesina que construyen como horizonte emancipatorio la soberanía alimentaria y la organización social comunitaria. Es así que aparece Randy Mikuna, asociación de productores agroecológicos que a través de circuitos cortos de comercialización y canastas de alimentos, transforman y protegen el territorio y acortan la distancia ficticia entre el campo y la ciudad. Sin embargo, muchas cosas han tenido que pasar para que Randy Mikuna, se convierta en la propuesta innovadora de las tierras altas campesinas.
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Toacaso es parroquia rural del cantón Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi. Su franja poblada se ubica sobre los 2.680 msnm, mientras que los páramos herbáceos están a 3.500 metros de altura. Por lo tanto, es parte de la reserva ecológica de los Illinizas y posee un clima frío que oscila entre los 6 y 12 grados centígrados (GAD Parroquial de Toacaso, 2014).
Clasificación del caso
En el año 2010, en asamblea campesina e indígena se toman las siguientes resoluciones: a) prohibir la venta de predios a personas externas a la comunidad campesina; b) permitir la venta de predios a campesinos sin tierra o con poca tierra que tengan arraigo con sus territorios; c) insistir en la educación intercultural bilingüe como alternativa para los jóvenes[1].
Después de la resolución de la asamblea, el consejo de gobierno comunitario fue el encargado de supervisar que cada uno de estos acuerdos se cumpla. Un inconveniente se suscitó para la aplicación de los dos primeros puntos: aquellos campesinos sin tierra o con muy poca no contaban con el capital para la compra de los predios ofertados. Es aquí donde aparece la figura de cesión de derechos en ciertos predios de familiares migrantes.
Fueron 5 familias quienes toman en cesión de derechos, 5 predios de familiares migrantes. Son estas quienes ponen a producir la tierra abandonada por aquellos jóvenes que salieron de Toacaso buscando un futuro en las filas de la fuerza pública y accediendo a estudios técnico-especializados.
El otro mecanismo fue la compra directa a través de financiamiento bancario; de las 12 familias que vendieron sus tierras por la presión agroindustrial, 9 pudieron colocar en prenda su pequeño pedazo de suelo no vendido, con lo cual acceden a créditos públicos en algunos casos, y a la banca privada, en otros, de tal manera que acceden a tierras ofertadas por los jóvenes migrantes[2].
A manera de síntesis, se puede mencionar que aquellas familias campesinas que presionan los páramos para realizar actividades agropecuarias en pequeña escala de manera “informal”, retornan a suelos fértiles a través de la compra de tierras de aquellos predios de pobladores que migran por razones diferentes, estudios, ingreso a la policía o “probar suerte en la ciudad”. Mientras aquellos campesinos que también carecían de tierra accedieron a ellas a través de la cesión de derechos, sobre todo esto sucedió en los casos en que llegaron a acuerdos con sus propios familiares migrantes.
[1] Las resoluciones apelan al sentido comunitario de poblamiento, mencionado por los entrevistados, que consiste ocupar los espacios por los pares. Es decir, por los mismo campesinos e indígenas que ya estaban en la zona pero que no tienen tierra.
[2] De las 12 familias desplazadas por conflictos con la agroindustria solo 9 lograron acceder a la tierra debido a que tenían un mínimo patrimonio que les permitió hipotecarlo para acceder a créditos.