El 8 de diciembre 1958 se funda el sindicato agrario, a partir de aquello se inicia la demanda de la tierra ante el Juzgado Agrario con asiento en la ciudad de Riberalta, el promedio de tierra pretendido fue de 5.500 hectáreas aproximadamente (305 hectáreas por unidad familiar), las familias demandantes fueron 18, a continuación se detallan los nombres:
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Entre los años 1987 y 1990, surge en el país nuevamente la necesidad de plantear reformas a las políticas agrarias, el reconocimiento de los pueblos y territorios indígenas, a esta lucha se suma el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia Católica y otras organizaciones internacionales. Es así que el 15 de agosto de 1990 encabezado por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) se inicia la primera marcha indígena con 300 personas entre hombres y mujeres, desde San Ignacio de Mojos rumbo a la ciudad de La Paz.
Posteriormente, entre agosto y septiembre de 1996, se realiza la segunda marcha indígena exigiendo el saneamiento y titulación de las tierras comunitarias y TCOs. A esta marcha se la denominó “Por el territorio, el desarrollo y participación política de los pueblos indígenas”.
Es importante señalar que el D.S. N° 25532, promulgado el año 1999 ha generado mayor conflicto en la región amazónica, puesto que convirtió las barracas en concesiones forestales. A raíz de aquello surge la III Marcha Indígena Campesina del año 2000, consecuentemente los sectores movilizados (campesinos indígenas) demandan al Gobierno la anulación de la norma mencionada y a su vez plantean la demanda de 500 hectáreas por unidad familiar debidamente justificada (Estudio de Necesidades Espaciales, ingreso por castaña por familia). El Gobierno promulga dos decretos, primero anula el D.S. 25532 y el Decreto Nº 25848, que reconoce la dotación de 500 hectáreas por familia como mínimo. Aunque en el caso de la Comunidad de Miraflores actualmente cada familia en promedio accede a 200 hectáreas por familia.