El caso de la comunidad Sinaí se clasifica como un proceso de ocupación organizada de tierras que, a través del saneamiento y la demanda de seguridad jurídica, derivó en su titulación colectiva como comunidad indígena. No corresponde a una restitución directa de territorio ancestral previamente delimitado ni a una dotación estatal inmediata. Se trata de un proceso en el que la ocupación efectiva del territorio precedió al reconocimiento formal de los derechos colectivos.
La experiencia de Sinaí constituye un ejemplo de acceso colectivo a la tierra mediante la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), actualmente reconocida como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), en el marco del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II). La comunidad desempeñó un papel activo en la demanda territorial del conjunto del TIM II, en un contexto histórico marcado por el sistema de barracas patronales y el régimen de semiesclavitud del habilito.
La ocupación organizada de Sinaí se remonta específicamente al año 1992, momento en el cual, impulsados por el descubrimiento de que los patrones de la familia Hecker no poseían títulos legales sobre las tierras de Nueva Etea, familias fundadoras como los Duri y los Yarari iniciaron el asentamiento independiente para reivindicar sus derechos agrarios. Este proceso de reterritorialización, que incluyó la reafirmación de su identidad Tacana a través de la memoria de sus ancianos, se desenvolvió en complejas dinámicas políticas tanto a nivel local como nacional. Este trasfondo histórico, que culminó legalmente con la obtención de su personería jurídica el 9 de noviembre de 1997 y la posterior titulación colectiva, resulta clave para comprender la especificidad y la valentía de su lucha por la soberanía.
Los protagonistas de esta experiencia son familias amazónicas con trayectoria en el trabajo forestal y la recolección de castaña, principalmente de identidad tacana —hoy predominante en la comunidad— junto con presencia de los pueblos Ese Ejja y Cavineño. Estas familias transitaron de una condición de trabajadores dependientes del sistema extractivo a constituirse en un sujeto territorial organizado.
Uno de los fundadores sintetiza ese contexto inicial al afirmar: «No teníamos papeles. Solo trabajo y necesidad». La expresión refleja las condiciones de precariedad heredadas del sistema barracal que marcaron los primeros años del proceso comunitario. El acceso a la tierra no surge inicialmente como una reivindicación jurídica ni como una demanda identitaria plenamente formulada, sino como una estrategia de sobrevivencia y búsqueda de estabilidad frente a la precariedad estructural heredada del sistema barracal.
A partir de allí, el asentamiento se transforma progresivamente en comunidad organizada. La consolidación de estructuras internas de decisión y representación permite articular la experiencia de ocupación con los marcos legales abiertos por la reforma agraria y los procesos de saneamiento impulsados por el Estado, particularmente a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En este contexto, la identidad tacana no opera como punto de partida homogéneo, sino que se construye y fortalece en diálogo con los marcos normativos que reconocen derechos territoriales indígenas[1].
La dimensión identitaria se convierte así en un componente estratégico y político del proceso, consolidándose en paralelo a la organización comunitaria y al avance del reconocimiento jurídico. Según la evidencia testimonial de Mayra Tirina Guzmán, en los inicios de la demanda territorial existía incertidumbre sobre la adscripción étnica de Sinaí, dudando si se reconocerían como Ese Ejja o Cavineño. Fue la abuela de Juan Tomas Yarar quien, al ser la única que aún hablaba con fluidez la lengua ancestral, representó a la comunidad ante las instancias correspondientes para obtener el reconocimiento oficial como pueblo Tacana.
El acceso a la tierra en Sinaí debe entenderse entonces como la convergencia de necesidad económica, ocupación efectiva, organización colectiva, articulación con instrumentos legales y construcción identitaria. No se trata de un acto lineal ni exento de tensiones, sino de un proceso atravesado por negociaciones, resistencias y conflictos con actores vinculados a los intereses históricos del sistema extractivo. Entre los actores relevantes se encuentran la propia comunidad como sujeto organizado de la demanda, las instituciones estatales responsables del saneamiento y diversos actores locales cuyas posiciones económicas y políticas incidieron en el reconocimiento territorial.
La peculiaridad del caso Sinaí radica en su carácter simultáneamente representativo y específico. Es representativo de las luchas por el acceso a la tierra en el Norte Amazónico boliviano, donde la transición del régimen extractivo privado hacia formas de reconocimiento colectivo ha sido gradual y conflictiva. Al mismo tiempo, es específico por la manera en que la comunidad logró transformar una condición histórica de subordinación laboral en un proceso de afirmación territorial colectiva, desempeñando además un papel impulsor dentro del TIM II.
En síntesis, el caso muestra que el acceso a la tierra puede configurarse como un proceso social complejo en el que la ocupación precede al derecho, la necesidad antecede a la formalización jurídica y la organización colectiva se convierte en el puente entre precariedad estructural y reconocimiento territorial.
[1] Bautista Durán, Ruth Evelyn (2025). Memoria y acción colectiva del Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) frente a un contexto de riesgo, disputa e impacto del extractivismo en el norte amazónico boliviano.