La titulación colectiva del territorio no representó únicamente la obtención de un documento legal; significó la apertura de una nueva etapa en la que la comunidad de Sinaí asumió progresivamente el ejercicio efectivo de gestión sobre su espacio. El avance central no reside en la formalidad jurídica, sino en la apropiación práctica del derecho a decidir sobre la tierra. Como expresó Juan Tomas Yarari, “antes uno trabajaba sin saber si mañana le iban a decir que se vaya; ahora sabemos que este es nuestro lugar”. Esta afirmación condensa el cambio estructural más profundo: la tierra dejó de ser espacio incierto y se convirtió en base estable de reproducción social.
La gestión territorial se ha ido consolidando mediante acuerdos internos sobre uso y distribución de parcelas. La tierra, al ser colectiva, obliga a la comunidad a deliberar sobre nuevas aperturas de chacos, límites familiares y resolución de desacuerdos. Aunque no siempre existan reglamentos escritos exhaustivos, la asamblea funciona como instancia legitimadora. Las decisiones no están exentas de tensiones, pero el principio que prevalece es que el territorio no puede fragmentarse sin consenso. En palabras de Maira Tirina, “si uno quiere ampliar, primero se habla en reunión; no es como antes que cada quien hacía lo que podía”. Esta práctica revela un avance concreto en gobernanza: la autoridad ya no es externa ni individualizada, sino comunal.
En el plano productivo, la seguridad territorial ha permitido estabilizar la agricultura familiar. La apertura de chacos ya no se percibe como inversión provisional, sino como parte de un horizonte de permanencia. Las familias cultivan yuca, plátano, maíz y otros productos básicos con la certeza de que la tierra seguirá disponible para sus hijos. La continuidad en el uso favorece decisiones menos extractivas y más planificadas, aunque no se trate formalmente de un programa agroecológico estructurado. La permanencia modifica la temporalidad del trabajo agrícola.
La castaña continúa siendo eje económico fundamental. Sin embargo, su extracción se realiza ahora desde territorio reconocido colectivamente. Esta diferencia transforma la relación con el bosque: la comunidad percibe que la castaña no es solamente ingreso, sino parte constitutiva de su base territorial. “La castaña siempre ha sido lo que nos sostiene, pero ahora la sacamos de nuestra tierra”, señaló Rodrigo Medina, un dirigente histórico y fundador del BOCINAB. La frase subraya una transición histórica: la actividad persiste, pero el marco de control cambió.
La gestión del bosque se encuentra atravesada por una conciencia creciente sobre la necesidad de regulación interna. La posibilidad de decidir colectivamente sobre aprovechamiento forestal es un avance respecto a etapas en que actores externos intervenían con mayor facilidad. No obstante, la comunidad enfrenta presiones económicas que pueden tensionar esa voluntad de cuidado. La estabilidad territorial genera responsabilidad adicional: la sostenibilidad ya no depende de decisiones de un patrón o de una empresa, sino de acuerdos comunitarios.
La minería aurífera, aunque no constituye proyecto colectivo formal, forma parte de la estrategia económica de varias familias. La comunidad no la ha institucionalizado como eje productivo, pero reconoce su función compensatoria frente a ingresos insuficientes. Juan Tomas Yarar explicó que “a veces no alcanza solo con la castaña, entonces algunos se van a la minería un tiempo”. Esta movilidad temporal introduce ambivalencias. Por un lado, aporta recursos monetarios; por otro, altera dinámicas internas y expone a riesgos ambientales. La gestión territorial no ha prohibido la actividad, pero tampoco la ha promovido como horizonte deseable. Existe conciencia de que depender estructuralmente de la minería podría comprometer la integridad del territorio.
En el ámbito cultural, uno de los avances más significativos es la consolidación de una identidad territorial articulada al reconocimiento colectivo. El proceso organizativo fortaleció la identificación como comunidad con raíces en la región y con pertenencia al pueblo tacana. Esta afirmación no siempre se traduce en prácticas visibles como revitalización lingüística extensa, pero sí en una narrativa compartida de origen y lucha. “Nosotros no aparecimos ayer”, afirmó uno de los comunarios, subrayando la continuidad histórica que legitima su presencia. La tierra titulada refuerza esa narrativa, otorgándole base material.
La dimensión de género muestra avances graduales, aunque aún incompletos. Las mujeres participan activamente en reuniones y en la organización cotidiana del territorio, especialmente durante los períodos en que los hombres migran temporalmente por trabajo. Maira Tirina señaló que “cuando ellos se van, nosotras seguimos aquí, cuidando la casa y el chaco”. Esta afirmación visibiliza un rol fundamental en la sostenibilidad territorial. Sin embargo, el reconocimiento formal en términos de titularidad y liderazgo aún presenta brechas. La expectativa compartida es que el proceso organizativo continúe ampliando la participación femenina en instancias decisorias.
En el plano social, la estabilidad territorial ha fortalecido redes de apoyo interno. La permanencia prolongada en un mismo espacio favorece confianza y cooperación. Las familias se apoyan en la apertura de chacos o en momentos de necesidad. Estas prácticas no constituyen sistema rígido de trabajo colectivo permanente, pero sí expresan solidaridad cotidiana. La tierra como base común contribuye a consolidar estas relaciones.
La juventud representa uno de los principales desafíos y expectativas. La comunidad es consciente de que la sostenibilidad del territorio depende de la permanencia de las nuevas generaciones. Algunos jóvenes acceden a educación fuera de la comunidad, lo que implica desplazamiento temporal o permanente. La expectativa no es impedir movilidad, sino crear condiciones para que el retorno sea viable. “Si aquí hay cómo trabajar, los jóvenes vuelven”, comentó uno de los entrevistados. Esta frase sintetiza la relación entre economía y continuidad generacional. La tierra debe ofrecer no solo identidad, sino oportunidad.
La interlocución con actores externos también ha mejorado. El título colectivo otorga legitimidad para participar en espacios regionales y negociar con instituciones públicas. Este posicionamiento fortalece la capacidad de defensa frente a presiones externas y abre posibilidades de acceso a programas de apoyo. La comunidad no se percibe aislada, sino articulada en un contexto regional más amplio.
Las expectativas económicas no apuntan a una transformación abrupta del modelo productivo, sino a una mejora progresiva en condiciones de comercialización y diversificación. Existe interés en reducir dependencia de actividades estacionales y en fortalecer producción agrícola para mercado local. Sin embargo, la comunidad es consciente de las limitaciones estructurales impuestas por infraestructura vial y distancia a centros urbanos.
En términos culturales y sociales, la expectativa central es sostener cohesión interna. El territorio no es concebido únicamente como recurso económico, sino como espacio de vida compartida. La lucha por la tierra no tuvo como único objetivo generar ingresos, sino garantizar permanencia colectiva. “Queríamos un lugar seguro para nuestros hijos”, afirmó una entrevistada. Esta declaración articula dimensión económica, cultural y social en un mismo horizonte.
En definitiva, los avances en gestión territorial de Sinaí se expresan en la consolidación de gobernanza interna, en la estabilización productiva, en el fortalecimiento identitario y en la ampliación progresiva de participación social. La tierra titulada ha transformado la condición de vulnerabilidad histórica en una plataforma de proyección comunitaria. Las expectativas no se orientan hacia acumulación acelerada, sino hacia sostenibilidad equilibrada que permita continuidad intergeneracional.
El territorio, más que un recurso, se ha convertido en el eje articulador de un proyecto colectivo en construcción permanente.
