La llegada de colonos de diferentes zonas de Colombia a este territorio generó una presión demográfica importante, por ello, el gobierno decretó el levantamiento de 360.000 hectáreas de tierra para reserva forestal, establecida por la ley 2 de 1959, y el acuerdo 065 de 1985 expedido por la junta directiva del INDERENA. Este es el marco legal que usa el Estado, ya que no le fue posible regular el proceso de poblamiento. Nos cabe la duda, ¿la ley 2 de 1959 tenía una intención ambiental o más bien por el control del territorio?
El Estado no puede negar que en Cartagena del Chairá, los campesinos no conocían este marco legal, nunca les fue socializado y no sabían cuáles eran esas 360.000 hectáreas de reserva forestal, pese a que el Estado tuvo presencia en el territorio.
En el piedemonte caqueteño, el Estado ejecutó su política de colonización a través de la Caja Agraria y los proyectos Caquetá 1 y Caquetá 2, que fueron implementados por el INCORA5. Los dos proyectos lograron que un número considerable de hombres y mujeres campesinas, que en sus regiones de origen eran minifundistas, jornaleros y peones, obtuvieran propiedades y consiguieran hacer el tránsito de un sistema agrícola de subsistencia a la actividad ganadera. No lograron la superación de las tensiones sociales y políticas derivadas del problema agrario que buscaba solucionar con la colonización. La colonización dirigida incentivó la colonización espontánea, y esta terminó por rebasar la capacidad del Estado de regularla, desplazó el ciclo migratorio hacia la llanura amazónica en los cursos medios de los ríos Guayas, Caguán, Orteguaza y Caquetá (Borrero Morales, 2017). Y, por otra parte, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, es una entidad que promueve el desarrollo del sector rural, con instrumentos de financiamiento y desarrollo rural, que estimulan la inversión. En Cartagena del Chairá promovió la siembra del maíz amarillo tecnificado clima cálido, maíz amarillo tradicional clima cálido, maíz blanco tradicional y tecnificado, arroz, bosques, caucho, palma de aceite, cacao.
La lucha y el Plan Artemisa
Hoy 72 años después de la ocupación de sus primeros colonos, el gobierno nacional reclama el territorio bajo el discurso de protección ante la desforestación. Sus habitantes han resistido frente a la violencia de la que huyeron, pero que volvieron a encontrar en el territorio colonizado.
Una de las estrategias recientes, emprendida por el gobierno del presidente Duque, para atener del desmonte de los bosques es la Operación Artemisa, estrategia militar para detener la deforestación, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales.
Durante el lanzamiento de esta gran ofensiva del gobierno contra la deforestación, el jefe de Estado expuso los tres objetivos principales: “El primero, parar lo que yo he denominado esa hemorragia deforestadora que se ha visto en los últimos años. Dos, que nosotros recuperemos nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques; y tres, que nosotros judicialicemos a los que están detrás de esa cultura deforestadora”.
Según el informe de Ideas para la Paz, el involucramiento de tropas en la conservación de los bosques tiene varias caras. Las organizaciones campesinas han denunciado abusos en los procedimientos, mientras que, las autoridades ambientales solicitan que la fuerza pública apoye la lucha contra la deforestación, todo esto, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.
En las zonas protegidas de la Amazonia, desmontar una hectárea de bosque puede costar entre $500.000 y un millón de pesos colombianos, lo cual excede con creces las posibilidades de campesinos de escasos recursos. No son ellos quienes deforestan, ni talan, pero sí son ellos quienes han sufrido el reacomodo de estructuras criminales y grupos armados en la zona, junto a autoridades ambientales como Corpoamazonia y Cormacarena y Parques Nacionales, funcionarios públicos como los guardaparques.
Las operaciones desplegadas también han generado críticas relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, así como con su concentración en los eslabones más débiles de las cadenas criminales (en especial sobre los campesinos colonos que habitan las áreas protegidas) (Informe, Ideas para la Paz).
En febrero de 2020, se presentaron protestas en Caquetá y Meta en rechazo a las acciones de la Fuerza Pública. Los manifestantes se oponen a los operativos y capturas de personas que, según ellos, apenas sobreviven con los cultivos de pan coger y ganadería que tienen en las áreas protegidas y proponen una “salida negociada” a la ocupación de los Parques Naturales. De esta operación resultaron dos muertos, varios heridos y 20 capturados, algunos menores de edad a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se capturó campesinos por el delito de invasión a zonas de importancia ecológica (Parques Nacionales), pero según la comisión de verificación, los predios que les pertenecen no están dentro de zona protegida, por tanto, no “invadieron”.
Otro de los riesgos de la militarización verde es que, cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión recae directamente en los más débiles, campesinos y comunidades vulnerables. Y no así, contra actores poderosos y redes más sofisticadas, que requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos (FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, 2020).
En lo legal ¿Qué los ampara?
Así mismo, se ORDENA a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, formular en un plazo de cinco (5) meses siguientes a la notificación del presente proveído, con la participación activa de los tutelantes, las comunidades afectadas, organizaciones científicas o grupos de investigación ambientales, y la población interesada en general, la construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano -PIVAC (Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia).
En esta sentencia, se adoptan medidas para reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, a través de estrategias de ejecución nacional, regional y local, de tipo preventivo, obligatorio, correctivo, y pedagógico, dirigidas a la adaptación del cambio climático; a los municipios para que actualicen los planes de ordenamiento territorial y que contemplen un plan de acción de reducción cero de la deforestación; a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía y otros, para que elaboren con un plan de acción que solucione los problemas de deforestación.
En la Mesa de concertación:
“Por la sentencia 4360 de la corte, que le da derechos a la amazonia, creemos que nosotros somos capaz de cumplir esa sentencia, que nosotros podemos velar por los derechos de la amazonia en el sentido de conservación, de restauración, de ser amigables con el medio ambiente, de que, la cosa es de mostrar oportunidades y demostrar que si se puede” (Ocampo, 2021).
Otro matiz que se suma para proteger a esta población es que, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, reporta para el año 2012 como población desplazada a 30.707 personas que salieron y 7.092 que llegaron provenientes de otros lugares. Algunas veredas del municipio de Cartagena del Chairá fueron destinadas como zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), cuyo objeto es garantizar precisamente que cesen el fuego y las hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la Organización de las Naciones Unidas – ONU. Como uno de los requerimientos firmados dentro de los Acuerdos de paz. Esto permite ver el territorio como un eje estratégico para la construcción de paz; es decir, reconocer a la comunidad campesina como un territorio de paz, donde se puede desarrollar la vida en dignidad con una conciencia por la conservación de los recursos naturales como pilar fundamental.