La demanda por la propiedad rural en Colombia se hace por parte de un grupo heterogéneo de actores, con condiciones, intereses y concepciones diferentes por la tierra, entre ellos encontramos: comunidades campesinas, afro e indígenas, el sector empresarial nacional e internacional, el Estado colombiano con sus diversas instituciones como el ejército nacional y los ministerios, al igual que sus políticas económicas y de conservación y protección de algunos ecosistemas naturales, y grupos armados al margen de la ley.
Con ésta variedad de actores con lógicas, posturas, intereses y formas de actuar tan diferentes, el acceso a la tierra y la distribución de la propiedad rural se ha configurado como un proceso complejo entre: leyes constitucionales de tenues reformas agrarias, consolidación de mercados de tierras, movimientos sociales y de incidencia por parte de los diversos grupos sociales anteriormente mencionados, presión económica impuesta por un modelo de desarrollo económico de libre mercado y la consolidación de una violencia estructural y sistemática que en concreto a resultado en un acceso sobre la propiedad rural desigual, bien por vicios de corrupción política y judicial, clientelismo regional y como consecuencia de la violencia política, paramilitar, guerrillera y del narcotráfico que ha vivido el país desde la época de la violencia bipartidista de inicio del siglo XX, hasta la puesta en marcha del modelo de libre mercado, donde el factor tierra pasa de ser un elemento netamente de bien común para la sociedad en su conjunto y en especial para las comunidades rurales (campesinas, afro e indígenas) hacer un bien de mercado tangible y transable económicamente, regido por las lógicas de demanda y oferta.
Conoce cuál es la situación actual de demanda, acceso y tenencia de la tierra por parte de las comunidades indígenas, afro y campesinas a través del documento elaborado por el Sociólogo colombiano Omar Rojas Bravo, aliado del Movimiento.
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