Fuente: New York Times el 24 de septiembre 2019. Disponible Ver. Ingles: https://nyti.ms/2nD5Qgj
Por Manuela Lavinas Picq
Especialista en política indígena y latinoamericana.
(Traducción Libre: Colectiva AMF)
Los incendios han estado devastando las tierras bajas de Bolivia durante más de un mes. Más de cuatro millones de hectáreas se han quemado, un área más grande que los estados de Connecticut y Nueva Jersey juntos. Casi la mitad de esta destrucción se localiza en áreas protegidas, a las que se conoce por su alta biodiversidad. Es una tragedia.
La Chiquitanía, un ecosistema de bosque seco entre la Amazonía y el Gran Chaco en el departamento de Santa Cruz, está en el centro de esta crisis. Los incendios amenazan la supervivencia de la vida silvestre y de los pueblos indígenas de la región. La reserva de Ñembi Guasu, hogar de grupos indígenas Ayoreo en aislamiento voluntario, es la zona más afectada. En la comunidad autónoma guaraní de Charagua Iyambae, miles de hectáreas de bosque han sido destruidas. Ellos están pidiendo ayuda para detener los incendios.
La destrucción es inconmensurable.
Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, prometió defender a la Pachamama o Madre Tierra. Por el contrario, su gobierno ha promovido los intereses del agronegocio. También ha permitido el agresivo acaparamiento de tierras, lo cual ha dado lugar a la deforestación y al despojo de tierras indígenas. Esto es lo mismo que hace el presidente Jair Bolsonaro en Brasil. No es de extrañar que las organizaciones indígenas de la cuenca del Amazonas acusaran a ambos de genocidio ambiental[2].
Los incendios de Bolivia son el amargo fruto de políticas diseñadas para beneficiar a los agronegocios. [Si bien esta política data de varias décadas, N.T.], el actual gobierno ha promovido la expansión de la ganadería y los biocombustibles en Santa Cruz desde el 2010. En abril del 2019, Evo Morales firmó un acuerdo para aumentar las exportaciones de carne a China, que –al igual que en Brasil– han venido creciendo últimamente, tanto en valor como en volumen. Luego, en julio de este año un decreto[3], legalizó la tala y quema para convertir los bosques en pastizales. Los bolivianos tildaron al señor Morales de "asesino de la naturaleza".
La práctica de quemar para despejar la tierra, conocida como "chaqueo", es común en Bolivia. Pero esta vez los incendios crecieron fuera de control, alimentados por las temperaturas más altas y la sequía atmosférica, ambas causadas por el calentamiento global. Los bomberos extinguen los incendios solo para ver a las personas comenzar nuevas quemas. Peor aún, la estación seca se extiende en la Chiquitanía hasta diciembre, lo que significa que los incendios podrían durar meses.
El mapa de los incendios de Bolivia se superpone con el mapa del ganado y la producción de coca. Se trata de destrucción, no de desarrollo: y afecta a los bolivianos, al planeta y a las propias empresas. La pérdida irreparable de fauna y flora es horripilante; los territorios indígenas han sido diezmados. La pérdida de biodiversidad en la Chiquitanía es también una pérdida para millones de personas en América Latina, cuyas vidas dependen de su sistema de agua.
Morales, que se postula para un controvertido cuarto mandato, desestimó las preocupaciones y marchas de los ambientalistas en cinco ciudades como "molestia electoral de pequeños grupos". Uno de sus ministros del gabinete, Juan Ramón Quintana, descartó la declaración de desastre nacional, alegando que los incendios no fueron uniformes y no afectaron a suficientes personas. Los chiquitanos dicen que el presidente dejó intencionalmente que los bosques se convirtieran en cenizas porque la región tiene poco valor electoral para él.
El primer y más urgente paso para controlar los incendios es declarar un desastre nacional. La ley boliviana establece que el gobierno debería hacerlo cuando los eventos causen daños que el estado no pueda remediar económica ni técnicamente. El gobierno puede entonces buscar asistencia internacional directa.
Los incendios que arrasan los bosques de la Chiquitanía (y de la Amazonia) son inherentes a una economía política de extracción, que prevalece en todos los países de América Latina, ya sean liderados por gobiernos de derecha o de izquierda. Bolivia necesita abordar las causas profundas de estos incendios. Los responsables de iniciarlos deben rendir cuentas. No es sólo la destrucción de la Chiquitanía lo que está en juego. Es también la destrucción de nuestro planeta.
Morales debería revertir las políticas que desencadenaron los incendios y alejarse de una economía que destruye, sustentada en industrias extractivas. La afirmación del gobierno de que no hay "suficientes muertes” muestra una brutal subestimación de las vidas indígenas, en boca de un presidente indígena. También va en contra de los principios sobre derechos de la naturaleza, que Bolivia suscribió hace una década en su Constitución Política del Estado.
Las cosmovisiones indígenas no hacen distinción entre ecocidio y genocidio, porque todos los seres están relacionados – humanos, animales, plantas, ríos. Los pueblos indígenas Ayoreo viven en simbiosis con su ecosistema. No tienen dónde más ir. Tampoco el resto de nosotras, de hecho. En una época de crisis climática, el ecocidio destruye las relaciones vitales entre seres humanos y naturaleza.
El gobierno de Bolivia podría aprender mucho de las iniciativas indígenas. Los Guaraníes han liderado una admirable lucha por la autodeterminación, y ya convirtieron en áreas de conservación el 68 por ciento de sus territorios autónomos. La reserva más reciente, Ñembi Guasu, se creó en mayo pasado, en un esfuerzo por proteger los modos de vida indígenas y la biodiversidad para las generaciones actuales y futuras. Ahora todo esto se está quemando.
Pero el presidente Morales podría evitar más pérdidas de vidas: debería declarar desastre nacional.
[2] N.T. Ver por ejemplo https://www.facebook.com/CoordinadoraOrganizacionesIndigenasCuencaAmazonica/?ref=py_c
[3] N.T. Decreto Supremo No. 3974, 10 de julio 2019, por el cual se autorizan “quemas controladas” en parcelas de 20 hectáreas. Uniendo sus parcelas -como ya lo hicieron en Roboré en noviembre 2018- los colonos podrían multiplicar las áreas afectadas