Se sabe por los medios masivos de comunicación que indígenas y campesinos del Cauca mantienen bloqueada la vía Panamericana en espera de que el presidente Iván Duque llegue a dialogar y a comprometerse a cumplir compromisos firmados de inversiones y obras que el Estado viene aplazando desde 1998 y de allí hacia atrás. Se sabe menos sobre quiénes son los organizadores de la Minga y qué es lo que piden en concreto.

Los asuntos de fondo de la protesta en el Cauca y el suroccidente no aparecen en las primeras

páginas porque en el forcejeo y en la incapacidad de este gobierno, como en la de los anteriores, para ofrecer soluciones serias, lo que ocupa la atención son hechos lamentables de muerte y agresión.

Para evitar confusiones o informaciones a medias los convocantes han aclarado que en la Minga se encuentran los pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), más de 10 cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y sectores campesinos, agrupados en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y el Comité de Integración del Macizo (CIMA), miembro del Coordinador Nacional Agrario (CNA).

Además, cuenta con el apoyo del Espacio Regional de Paz del Cauca (27 organizaciones del departamento), de organizaciones de estudiantes, sindicalistas, de FENSUAGRO, Marcha Patriótica, Consejos Comunitarios, ANUC y CUT, entre otras.

¿Qué exige La Minga social?

El nombre que le han dado resume el contenido de las principales exigencias, comenzando por la defensa de la vida. Los departamentos del suroccidente de Colombia están sometidos a la persistencia de la violencia y la exclusión, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas por viejos y nuevos agentes armados y desarmados que se niegan a aceptar las transformaciones hacia una situación de paz y convivencia democrática en la región y en el país. La respuesta del Gobierno ha sido insuficiente y se circunscribe a la mayor presencia de fuerza pública o al anuncio de mecanismos de coordinación interinstitucional y de diligencias de la Fiscalía que se quedan a medias. Las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos vienen reclamando medidas integrales, muchas de las cuales le fueron presentadas al Gobierno en reuniones de la Mesa de Garantías y de la Subcomisión Nacional de Garantías realizadas en febrero de este año.

La exigencia del CRIC y sus 11 regionales, que es parte del pliego de la Minga, se centra en el cumplimiento de lo establecido en decretos de 1999 y 2017 que obligan al Gobierno a garantizar la ejecución de planes cuatrienales para los pueblos indígenas del Cauca; esta obligación ha sido discutida con el Gobierno en la Comisión Mixta que instituyó el decreto 811/2017 en su reunión de enero de 2019. Ese plan cuatrienal incluye los compromisos en los "sistemas de educación, salud, económico-ambiental, comunicaciones, justicia, control territorial, gobierno".

La exigencia del CRIC y sus 11 regionales, que es parte del pliego de la Minga, se centra en el cumplimiento de lo establecido en decretos de 1999 y 2017 que obligan al Gobierno a garantizar la ejecución de planes cuatrienales para los pueblos indígenas del Cauca; esta obligación ha sido discutida con el Gobierno en la Comisión Mixta que instituyó el decreto 811/2017 en su reunión de enero de 2019. Ese plan cuatrienal incluye los compromisos en los "sistemas de educación, salud, económico-ambiental, comunicaciones, justicia, control territorial, gobierno". En la reunión de enero de este año, con asistencia de los ministerios y entidades que integran la Comisión Mixta según el decreto, el CRIC y la delegación de las zonas indígenas del Cauca, se evaluó el incumplimiento de compromisos en el cuatrienio anterior, el cual ascendía a 3,5 billones de pesos. La solicitud indígena es que se incorpore ese plan cuatrienal en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se le asignen los recursos con nombre propio como parte del Plan Plurianual de Inversiones.

La respuesta del Gobierno a la petición de incluir el Plan Cuatrienal ha sido remitir al llamado Pacto indígena del PND, que en un anexo alude a 10 billones de pesos para inversiones en los territorios de 120 pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Esa cifra ha sido rechazada por la ONIC y todas las organizaciones étnicas no sólo por representar sólo el 1% de lo presupuestado en el PND 18/22, sino por ser una partida global indiscriminada que no se refiere a las deudas con los pueblos indígenas del Cauca; además, el CRIC señala que por tratarse de una nota marginal no implica una inversión de obligatorio cumplimiento ni está detallada en los rubros del Plan Plurianual de Inversión (ver https://nasaacin.org/gobierno-nacional-vulnera-derechos-e-incumple-acuerdos-con-los-pueblos-indigenas-del-cauca/).

Las exigencias del CRIDEC, del CRIHU y de la ORIVAC son similares a las del CRIC en materia de territorio, educación propia, salud, seguridad y ejercicio autónomo de gobierno y de la jurisdicción especial indígena.

Tampoco responde el Gobierno a los compromisos que hicieron los gobiernos de Pastrana, Uribe y Santos en materia de tierras, que sigue siendo un asunto crucial en la región. La Minga exige que el Gobierno reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que firme la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y adopte una política democrática en materia rural.

Por todo esto "rechaza la reforma a la ley 160, las ZIDRES, el uso de glifosato y el modelo

extractivo minero energético que hoy da vía libre al Fracking, y que son medidas de muerte que van contra nuestro derecho de ley de origen a la consulta previa y al cuidado de la madre tierra".

En defensa de la paz

Por iniciativa del ERPAZ del Cauca, en los pliegos de la Minga se incluye un capítulo especial dedicado a la defensa de la paz, a la exigencia de cumplimiento de los acuerdos incluidos, los relacionados con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. "Nos unimos ?dicen las organizaciones convocantes? a las movilizaciones ciudadanas en defensa de la JEP y el acuerdo de paz que hoy corren el peligro de hacerse trizas" (ver "Documento base para pliego de la Minga por la vida, los territorios, la justicia y la paz. Exigencias en política de paz y ejercicio del derecho a la paz"). Entre los temas incluidos por el ERPAZ están:

La conformación inmediata del Fondo de Tierras para entrega gratuita a los campesinos y trabajadores rurales de bajos ingresos; definición de lo correspondiente a comunidades étnicas en respuesta a compromisos y a nuevas exigencias. Implementación de la reforma rural integral.

La asignación de presupuestos suficientes para la ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), integrándolos en el PND, Conpes y nuevo contrato plan. Respuesta positiva a los proyectos de Zonas de Reserva Campesina y zonas agroalimentarias, teniendo en cuenta la no superposición con territorios étnicos y la garantía de sostenibilidad ambiental.
El cumplimiento de las leyes de víctimas y de todas las disposiciones que ordenan la reparación a las víctimas del conflicto armado incluyendo colectivos, comunidades, territorios, culturas, ambiente; esclarecimiento de la verdad del conflicto, búsqueda de las personas desaparecidas, restitución de tierras y activos y garantía para iniciativas de convivencia, memoria y satisfacción.
Plenas garantías políticas, económicas y de reincorporación a los excombatientes que han firmado los acuerdos de paz y respuesta urgente a las demandas de cumplimiento de compromisos y a la grave situación de asesinatos.
Respeto a las normas constitucionales y legales que obligan al Estado a garantizar el derecho a la paz y la protección de la población civil, lo que incluye la búsqueda de la paz por medio de soluciones políticas negociadas. Esto aplica para la definición de una política encaminada a retomar los diálogos y negociaciones entre el Gobierno y el ELN.

En lo esencial, la Minga le pide al Gobierno someterse a la Constitución Política de Colombia que, tal como ha señalado la Corte Constitucional, obliga a asumir el Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto como "política de Estado, de manera que todos los órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto, cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento y guardar coherencia con sus contenidos...".

Pacto por el Cauca

La verdad es que las demandas de indígenas, campesinos y afrodescendientes han sido parte de un diálogo que lleva más de seis meses con este Gobierno. Un ejemplo notable de construcción colectiva y diálogo sordo con el Gobierno nacional es lo que se llamó la Cumbre del Cauca realizada en noviembre de 2018: todos los sectores sociales e institucionales ?incluidos empresarios, alcaldes, académicos, políticos, campesinos y pueblos étnicos? le entregaron el documento Pacto por el Cauca a la delegación del presidente Duque encabezada por el ministro de Ambiente, Mininterior, DNP, consejeros, viceministros y una docena más de altos funcionarios. En ese mismo evento, las organizaciones que ahora promueven la Minga no solo respaldaron el contenido del Pacto por el Cauca, sino que entregaron sus exigencias sectoriales. Todo lo que hoy se está demandando al Gobierno y mucho más está en esos documentos que pretendían ser tenidos en cuenta en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 20118-2022 (ver Pacto por el Cauca y documentos campesinos e indígenas en www.indepaz.org.co).

Desde el punto de vista de temas, tiempos y participantes la reunión entre la Minga y el presidente es perfectamente manejable. La dificultad esta en la capacidad y voluntad del Gobierno para llegar a compromisos con los indígenas y campesinos. Algunos entendidos en estas lides afirman que lo del bloqueo se puede solucionar rápidamente si hay una declaración expresa del presidente fijando la fecha y la decisión de dar respuesta a las demandas.

?Lo cierto es que a pesar del hecho excepcional de haber recibido el Gobierno un pliego concertado con el mayor respaldo posible en un departamento, la respuesta fue gaseosa, sin datos y, en definitiva, sin inclusión en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) ni en recursos nuevos de inversión. Sólo más de lo mismo, pues en el PND se incluye un capítulo para la Región Pacífico que suma para el Cauca 20 billones de pesos que no agregan nada nuevo a lo presupuestado recurrentemente con transferencias del sistema general de participación, regalías o presupuesto de la nación. El DNP habló en enero de llegar a 33 billones de pesos de inversión en el cuatrienio, y ni eso se reflejó en el PPI.

La cita con el presidente Iván Duque

Desde hace décadas (para no ir a la historia patria), las comunidades que respaldan esta Minga han buscado que los gobiernos cumplan los compromisos y los mandatos legales para garantizar derechos y condiciones de buen vivir. En el último periodo se han reunido con autoridades de todos los niveles, incluidos los ministros del actual Gobierno y sus más altos colaboradores y, como en el pasado, ahora tampoco se han logrado decisiones que tengan el respaldo en recursos y en políticas públicas de obligatorio cumplimiento. Diálogos, mesas, decretos, actas y hasta presupuestos de papel han desembocado en la frustración y en la desconfianza y es por esto que la Minga pretende que sea el presidente de la República en persona quien defina el marco de los compromisos y sea el garante principal del cumplimiento de la palabra y de la letra empeñada. La solicitud es aparentemente sencilla: el presidente inicia el diálogo, los grupos de trabajo construyen los acuerdos y todos firman las actas que los protocolicen.

Lo que parece simple se vuelve más y más complejo porque de un lado se sabe que si no presionan y fuerte no son escuchados y del otro se quiere sentar el precedente de no negociar en medio de bloqueos y situaciones de hecho o, por lo menos, de condicionar la presencia del primer mandatario al levantamiento del bloqueo.

Entre tanto la comisión de alto nivel, encabezada por la ministra del Interior, se ha sentado con la dirigencia indígena de la Minga a explorar soluciones a la situación de hecho y a asuntos humanitarios. La Minga ha enviado al presidente la agenda de la primera cita que tiene en su primer acto la presentación de siete temas por parte de indígenas, campesinos y otros sectores (con intervenciones de 10 minutos por cada vocero); en el segundo, la sustentación de reivindicaciones específicas, y en un tercer acto la instalación de los grupos de trabajo. Esos temas son:

1. Territorio (asuntos relativos a tierras, ley 160, Zidres y minero-energéticos).

2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3. Plan Nacional de Desarrollo.

4. Vida y derechos humanos.

5. Paz y convivencia.

6. Derechos especiales y diferenciales de las comunidades étnicas.

7. Derechos de los campesinos.

En una segunda parte se ubica la presentación de reivindicaciones de acuerdos incumplidos.

Desde el punto de vista de temas, tiempos y participantes la reunión entre la Minga y el presidente es perfectamente manejable. La dificultad esta en la capacidad y voluntad del Gobierno para llegar a compromisos con los indígenas y campesinos. Algunos entendidos en estas lides afirman que lo del bloqueo se puede solucionar rápidamente si hay una declaración expresa del presidente fijando la fecha y la decisión de dar respuesta a las demandas.

El malestar en muchos sectores por la negativa de Iván Duque a dialogar se expresa de muchas maneras y en expresiones radicales como estas: "El Presidente saca tiempo para todo, pero no le parece importante reunirse con la Minga". "A Duque se le vio muy combativo respaldando a los que lanzaban bombas molotov en Cúcuta y contra la guardia venezolana y en cambio se niega a venir al Cauca". "Duque parece ocuparse más de organizar militarmente a los 1.000 exmilitares venezolanos que, en contra de la Constitución, la ley y los pactos internacionales, están preparando cerca de Cúcuta como ejercito paramilitar en la frontera".

Y desde el otro lado otros radicales responden: "El asunto no es de tiempo sino de precedentes: no pueden repetirse las negociaciones de carretera ni el estilo Iragorri de firmar cualquier cosa para después no cumplir". "Al Presidente no lo pueden citar con ultimátum y acciones de fuerza a imponerle una agenda de alcance indefinido". "En esa Minga se mezclan los intereses de fuerzas que quieren hacer oposición política y colocar al gobierno contra la pared con demandas absurdas de pueblos indígenas que tienen principio pero no fin".

Como han señalado voceros de la ONIC y MAIS, la imagen de una minga infiltrada o con unidades terroristas es promovida para intentar aislar la protesta, desvistiéndola de su contenido social para justificar un tratamiento militar y la ofensiva de capturas y judicializaciones a los participantes.

Estigmatización, represión y muerte

La réplica del Gobierno, y en especial del ministro de Defensa, no se limita a negarse a hablar en condiciones de bloqueo, pues ha ido en una escalada verbal y de operativos que vuelve a la estigmatización de la protesta diciendo primero que está infiltrada por grupos armados ilegales y, luego, ante los dolorosos hechos en Dagua, que tuvieron como resultado la muerte de 8 comuneros, acusando como los más probables responsables a integrantes de la Minga que estarían trabajando con explosivos para cerrar vías como la que va a Buenaventura. Como han señalado voceros de la ONIC y MAIS, la imagen de una minga infiltrada o con unidades terroristas es promovida para intentar aislar la protesta, desvistiéndola de su contenido social para justificar un tratamiento militar y la ofensiva de capturas y judicializaciones a los participantes. Con la misma lógica, para explicar el lamentado asesinato del patrullero de la Policía, Boris Alexánder Benítez, el Gobierno responsabilizó a infiltrados pertenecientes a grupos armados organizados al margen de la ley descartando la hipótesis de un impacto por metralla recalzada, como la que está utilizando el ESMAD en contra de la gente.

El ministro de Defensa ha sido persistente en su visión de las protestas sociales como instrumentos de grupos ilegales, sea para descalificar demandas indígenas (caso Awa ?s) o de campesinos (caso sur de Córdoba y cocaleros). Es todo un enfoque que se ha incorporado a la política de seguridad y defensa como se puede leer en el documento adoptado por la Consejería de Seguridad de la Presidencia de la República que se incluye en las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022.

Ha sido más ponderada la respuesta indígena y de la Minga ante los trágicos hechos que se han presentado en estos días. El CRIC, ORIVAC, la ONIC y los dirigentes de todas las organizaciones han llamado a investigar las responsabilidades en la masacre de los comuneros en Dagua y a considerar las distintas hipótesis antes de proceder a condenas sin fórmula de juicio: llaman a la colaboración entre la Jurisdicción Especial Indígena, la Fiscalía y la justicia ordinaria. Lo mismo han dicho en el caso del policía asesinado, al tiempo que condenan el acto criminal.

Las autoridades indígenas y toda la alianza de la Minga ha estado alerta desde el principio para que se evite la infiltración de gente armada en la protesta; han prohibido expresamente el porte o uso de armas en territorio étnico y en el bloqueo y en coherencia con esto las guardias indígena, cimarrona y campesina están en permanente alerta no solo para controlar la infiltración de ilegales sino de aparentes agentes de inteligencia vestidos de civil, como los que fueron detenidos y entregados a la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.

En las conversaciones con la ministra del Interior y otros funcionarios, la dirigencia indígena ha propuesto que se hagan declaraciones que contengan la espiral de estigmatización y, al mismo tiempo, a aplicar los protocolos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la protesta y limitan el uso de la fuerza en contra de civiles. Se ha llamado a prohibir expresa y públicamente el uso de armas convencionales y no convencionales como las que utiliza el ESMAD que producen heridos, daño permanente e incluso pueden tener efectos fatales.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las propias organizaciones sociales han identificado el riesgo de agresiones y amenazas de grupos armados que operan en varios municipios del Cauca, Nariño, Caldas y Valle del Cauca. Grupos residuales rearmados por elementos que quedaron al margen del proceso de paz, como otros interesados en las rentas del narcotráfico y en el control territorial, chocan frontalmente con las autoridades étnicas y organizaciones campesinas que rechazan su presencia en los territorios y comunidades. La eficacia de la acción del gobierno y del conjunto del Estado en contra de estos grupos armados delincuenciales se reduce aún más cuando la fuerza pública y otras entidades se preocupan más por señalar infundadas presencias en la Minga, que insinúan complicidad de los dirigentes, en lugar de dirigir la acción hacia esas estructuras y sus promotores intelectuales y económicos suficientemente identificados por los servicios de inteligencia.

El derecho a la protesta y los derechos a la movilidad e integridad del conjunto de la población

El tiempo está en los cálculos de todas las fuerzas y sectores implicados en la Minga, en los de los encargados por el Gobierno de dar respuesta al conflicto desatado y en los de muchos grupos de interés que se alinean con las demandas o se sienten impactados por la prolongada situación de bloqueo de vías.

En quince días de bloqueo, de acción y reacción, el panorama es preocupante porque la tendencia ha sido de ascenso en antagonismo y de una espiral de violencia que tiene su mayor expresión en 9 personas muertas y más de 50 heridos, algunos de ellos de gravedad. El epicentro de la movilización se ha trasladado al Cauca, en donde se reagrupan líderes y activistas de todas las organizaciones contando con la capacidad de resistencia de los indígenas en una región de excepcional fortaleza de organizaciones sociales.

En estas primeras semanas la población urbana del Cauca, Nariño y el Valle ha sentido el impacto del bloqueo, pero ha sido más fuerte la solidaridad o la tolerancia con una movilización, cuyos reclamos se perciben justos y sustentados por grupos que se ubican entre los más discriminados, excluidos y empobrecidos en todo el panorama nacional. Las encuestas en la segunda semana de bloqueo registraron que hasta el 80% de la ciudadanía se dirige más al presidente Duque para pedirle que dialogue que a la Minga para exigirle el respeto al derecho a la movilidad y al acceso normal a los bienes de primera necesidad ahora escasos y encarecidos en la región. Pero al entrar a la tercera semana, con el mes de abril encima y la proximidad de la Semana Santa, es probable que la radicalización ascienda en la Minga y en la respuesta represiva y al mismo tiempo se traslade a expresiones desesperadas en los centros urbanos más limitados por el bloqueo, como está ocurriendo en Pasto, Santander de Quilichao y Popayán.

El bloqueo ha tenido gran impacto para la movilidad y el comercio, aunque la vía alterna por Morales y Suarez y las caravanas han permitido un lento paso de vehículos. Se estima que por esos caminos alternos han circulado en promedio 3.500 vehículos al día y más de 150.000 personas en los primeros 15 días. En todo caso es una pequeña fracción de la circulación normal y del transporte de carga y de productos perecederos.

Según informes de la Policía Nacional, en la segunda semana la Minga tuvo entre 7.000 y 10.000 personas concentradas, la mayoría de indígenas en Caldono con acciones de bloqueo en la Panamericana (El Rosal, El Descanso, Cajibío), en la vía hacia el Huila (El Trébol) y en el sur hacia Nariño (Rosas). Se puede suponer que la movilización de respaldo es mucho mayor y que tiene una reserva de más de 20.000 personas con posibilidad de acciones en las vías. En cada zona se ubican diferentes sectores del CRIC (70%), Coccam, Marcha Patriótica (10%), Misak (5%), PUSOSC y CIMA – CNA (15%). Los porcentajes son estimados con mucho margen de error que sirven sólo para indicar la composición de los grupos más activos, su capacidad de permanencia en la protesta y el peso en la mesa de negociación.

La tendencia o probabilidad de estos días es, entonces, a la permanencia de la Minga con la presencia organizada de sus convocantes concentrados en diversos sitios del Cauca, delegaciones de las organizaciones indígenas de Valle, Caldas y Huila e importante apoyo de la opinión nacional e internacional y de sectores políticos distintos a la coalición de gobierno. La tragedia ocurrida en Dagua y la desproporcionada represión están sumando nuevos respaldos, y la ONIC ha llamado a la Minga Nacional con alertas en varios departamentos. Ya se tienen noticias de comunidades que se suman a la Minga en Choco, Putumayo y Sur de Córdoba y es posible que se reactiven acciones en Huila, Sierra Nevada y, en especial, en la zona Cali-Buenaventura.

Por otro lado, se advierte en el Cauca y Nariño un decreciente respaldo de la población urbana y de pequeños y medianos productores, comerciantes y del sector servicios que están seriamente afectados en sus ingresos y movilidad. En ese contexto buscan incidir sectores que son radicales opositores de los derechos indígenas, sobre todo de sus reclamos de tierra y autonomía, y también los partidarios de acciones ofensivas de todo tipo en contra de la movilización y, en particular, del bloqueo. Gremios empresariales de Nariño han anunciado que preparan demandas penales contra los organizadores de la Minga para judicializarlos y pedir a la Fiscalía y a tribunales el inicio de procesos.

La detención y posterior liberación de dos efectivos de la policía que, según las autoridades indígenas, estaban infiltrados intentando dejar prendas militares en medio de la Minga podría indicar que hay otro tipo de operaciones andando con el fin de desprestigiar a los indígenas y acusarlos de ser aliados de la guerrilla o de grupos narcotraficantes. Por otro lado, se presenta la acción de grupos o individuos entrenados para amenazar y sembrar terror con panfletos firmados como Águilas Negras, como los que han sido distribuidos en estos días condenando a muerte y con nombre propio a líderes comprometidos con la movilización.

Las autoridades indígenas y toda la alianza de la Minga ha estado alerta desde el principio para que se evite la infiltración de gente armada en la protesta; han prohibido expresamente el porte o uso de armas en territorio étnico y en el bloqueo y en coherencia con esto las guardias indígena, cimarrona y campesina están en permanente alerta no solo para controlar la infiltración de ilegales sino de aparentes agentes de inteligencia vestidos de civil, como los que fueron detenidos y entregados a la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.

Los escenarios de negociación

La mesa de conversaciones del Gobierno con los dirigentes indígenas y de otras organizaciones ha avanzado en identificar temas y posible agenda. Según las informaciones que circulan en medios y en las redes, las partes han diferenciado los temas reivindicativos que se refieren a partidas del Plan de Desarrollo o del presupuesto nacional, los contenidos del Plan Cuatrienal para los territorios indígenas en el Cauca que establece el Decreto 1811/17, reivindicaciones de cumplimiento de acuerdos con otras organizaciones indígenas y de implementación de los PDET, PATR, Planes Integrales de Sustitución de cultivos de uso ilícito y concreción del Fondo de Tierras.

En otro bloque se ubican los temas que denominan políticos y que contienen asuntos mencionados en un documento firmado por Organizaciones sociales del suroccidente: en este documento se mencionan demandas generales como el reconocimiento de la guardia indígena, cimarrona y campesina, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y naciones hermanas, el desmonte del paramilitarismo en Colombia, el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC y restablecimiento de la mesa de diálogos con el ELN, el retiro de proyectos de ley en curso que son represivos contra los pueblos indígenas y los sectores sociales incluido el del Plan de Desarrollo, la reforma de la Ley agraria, L. 160/94, y de la llamada Ley de Víctimas, L. 1448/2011.

Son dos bloques de temas a negociar con diferente grado de complejidad. En lo relativo al "bloque reivindicativo" se han identificado mecanismo para tratarlo como la citación extraordinaria de la Comisión Mixta del decreto 1811/17 que significa la sesión con 13 ministros, el DNP, 4 Agencias y delegados de las zonas del CRIC. En ese espacio se podrían tratar las reivindicaciones indígenas del Cauca y las que se relacionan con demandas indígenas del Valle, Caldas y Huila. En otra mesa con delegados plenipotenciarios se podrían abordar las reivindicaciones de los otros sectores, buscando mecanismos de interacción entre los dos espacios.

El llamado bloque político, de conformidad con la agenda propuesta por la Minga sería abordado directamente en la audiencia con presencia del presidente de la República, en la cual se definiría el procedimiento para tramitar cada uno de los subtemas.

El paso de la fase de movilización y conversaciones preparatorias a la fase de negociaciones ha llegado a un punto de maduración que puede dar inicio a esas negociaciones una vez se pronuncie el presidente Iván Duque anunciando la fecha de su presencia en la audiencia con la Minga y se formalice el procedimiento a seguir en las mesas y por supuesto en el desbloqueo de la Panamericana. Entre más pronto mejor para anticiparse a la agudización del conflicto y a los anuncios de nuevos hechos luctuosos.

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