Fuente: https://bit.ly/2Jrv37J
Washington, D.C., 21 de marzo del 2019 – El día de ayer, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos revivió el caso de Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su familia contra la Compañía Minera Newmont.
La familia de subsistencia ganadera demandó a Newmont en los Estados Unidos por los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad contratadas por la minera.
La Corte de primera instancia rechazó el caso, argumentando que debería ser visto en Perú, pero la Corte de Apelaciones revirtió esa decisión.
“Estamos emocionados y llenos de esperanza por esta decisión. Tenemos fe en que, tarde o temprano, habrá justicia para nosotros. Siempre dijimos que tocaríamos la puerta a todas las cortes necesarias para lograrlo; hoy nos hemos acercado un paso más al día en que al fin conseguiremos justicia,” dijo la demandante Ysidora Chaupe-Acuña, a quien representa EarthRights International.
Máxima Acuña Atalaya de Chaupe lleva años luchando para defender sus derechos, su territorio y el de su comunidad, pero la minera Newmont está determinada en desconocer tales derechos y apoderarse del territorio para construir una mina de oro inmensa de tajo abierto, la cual secaría cuatro lagos de una zona de pastoreo bastante árida.
La familia Chaupe alega que las fuerzas de seguridad contratadas por Newmont han acosado y violentado sistemáticamente a Máxima y a toda la familia, han destruido su casa y matado a sus animales, todo con el fin de sacarlos de sus tierras y poder expandir su operación minera.
“Newmont sabe mejor que nadie que los Chaupe no conseguirán un juicio justo en Perú, y que las cortes locales no han garantizado los derechos de la familia. Por eso Newmont insiste en enviar el caso a Perú. Celebramos la decisión tomada por la Corte de Apelaciones que ordena a la Corte Distrital reconsiderar la idoneidad de las cortes peruanas”, comentó Marissa Vahlsing, abogada de EarthRights International.
Citando la evidencia de la familia Chaupe-Acuña sobre la corrupción en las cortes peruanas, y tomando en cuenta el reciente estado de emergencia en el sistema judicial peruano y la evidencia de corrupción en los procedimientos que involucraban a Newmont, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos revirtió la decisión de la Corte Distrital de Delaware, especificando que “estos acontecimientos podrían influir en la decisión de la Corte Distrital sobre la imparcialidad del sistema judicial peruano”, la Corte de Apelaciones señaló que la Corte Distrital debe reconsiderar las evidencias de corrupción y dar una nueva opinión.
En septiembre del 2017, Newmont presentó una excepción forum non conveniens (Foro no conveniente), argumentando que el caso debería ser visto en Perú y no en Estados Unidos, manifestando lo complicado que es para ellos litigar el caso en Delaware a pesar que ahí se constituyó la empresa.
La familia Chaupe-Acuña y sus abogados de EarthRights International se opusieron a enviar el caso a Perú, señalando que era poco probable que recibieran un juicio justo, dado el nivel de corrupción que existen en las cortes locales.
Ayer, el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos revirtió la decisión y ordenó a Delaware a reconsiderar su determinación que el caso de Máxima Acuña Atalaya de Chaupe y su familia contra Newmont debería verse en Perú y no en Delaware.
Contexto
Los Chaupes son una familia de agricultores de subsistencia que residen en las tierras altas rurales de Cajamarca, Perú. Tienen cultivos y ganado en un terreno conocido como Tragadero Grande hace más de veinte años.
Desde el 2011 la Corporación Minera Newmont, una compañía de EE. UU. y uno de los más grandes productores de oro a nivel global, ha liderado una campaña de acoso y abuso contra los Chaupe, con el fin de sacarlos de sus tierras y poder construir una nueva mina aurífera de tajo abierto.
El proyecto minero “Conga”, sería uno de las más grandes de América Latina.
Después de que las autoridades peruanas fallaron en proteger a los Chaupe de abusos físicos y psicológicos bajo las manos del personal de seguridad de Newmont, la familia presentó una demanda contra la minera en la Corte Federal de EE. UU. en septiembre del 2017.
La familia exige a Newmont cesar los abusos y demanda reparaciones por los daños que les han causado. Con esta demanda buscan parar el patrón de acoso y abuso físico y psicológico que han sufrido a manos del personal de seguridad contratado por Newmont y sus afiliados corporativos.
El caso es Acuña-Atalaya v. Newmont Mining Corp., No. 17-cv-01315-GAM en la Corte de Distrito Federal de los EE. UU. para el Distrito de Delaware. Además de EarthRights International, los demandantes están representados por la abogada pro-bono de Delaware, Misty Seemans.