La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra fue celebrada el año 2010, en el pueblo de Tiquipaya del departamento de Cochabamba en Bolivia, reunió a una cantidad importante de organizaciones sociales, plataformas, intelectuales y activistas que se planteaban debatir y encontrar alternativas al calentamiento global y las acciones que atentan contra la naturaleza.
La urgencia y el agotamiento del planeta fue el marco en el que corrieron los discursos y propuestas en 17 mesas temáticas que trabajaron varios aspectos. Desde las mesas y las conclusiones, puede verse el aliento por constituir instancias independientes, por ejemplo, se planteó la posibilidad de constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para “denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados”, y además, se demandó la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental “que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático”.
De estas ideas, y en el marco de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, emergió la idea del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, una asociación de personas con amplio reconocimiento en el ámbito de los estudios y la defensa de la naturaleza, los territorios indígenas y la vida. Entre los miembros del Tribunal se destacan Vandana Shiva, Boaventura de Souza Santos, Horacio Machado, Esperanza Martínez, entre otros miembros, de los 5 continentes.
En esta primera conferencia, algunas organizaciones principalmente indígenas bolivianas, instauraron una mesa 18, para recoger algunos temas que no habían sido tocados por otras mesas. Ya en aquel momento, el gobierno nacional boliviano desconoció este trabajo, por las tensiones ya existentes, entre las organizaciones indígenas y el sector campesino que representa Evo Morales. Esta explícita exclusión se repitió para la II Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, realizada el 2015 también en Tiquipaya; no obstante, las diferencias entre los sectores indígenas y el gobierno central, se habían abismado mucho más, luego de la agresión militar al territorio guaraní Takovo Mora, el desalojo de la sede urbana del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyu (CONAMAQ) y la imposición de una dirigencia paralela, y principalmente, las dos marchas indígenas que protagonizó la población del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en resistencia a una carretera que atravesaría el corazón de su territorio.
En noviembre de 2017, con grandes esfuerzos, la dirigencia del TIPNIS logra asistir a en Bonn, Alemania, a la 4ª sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, en simultáneo con la 23ª Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), y logra comprometer al Tribunal, enviar una misión a para recibir información directa en el territorio en conflicto.
La misión que llegó a Bolivia, para poder visitar el corazón del TIPNIS, está confromada por La delegación internacional conformada por Alberto Acosta (Ecuador), Shannon Biggs (Estados Unidos) y Enrique Viale (Argentina).
Biggs, en la conferencia de prensa ofrecida en las oficinas de Derechos Humanos, explicó que es la segunda vez que arriba a este país, la primera vez fue el 2010, cuando visitó Tiquipaya y se sintió convocada a trabajar por los derechos de la Madre Tierra, un impulso promovido por Evo Morales, considerado internacionalmente como presidente indígena.
Acosta, explicó que el trabajo del Tribunal se impulsa de forma independiente, y que de hecho, todos los ciudadanos deberíamos considerarnos como “representantes de los derechos de la naturaleza”. Reflexionó sobre la relación entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, y afirmó “no puede haber justicia ecológica, sin justicia social”.
La percepción principal e inicial de esta misión del Tribunal fue constatar un contraste importante en el trato que recibieron, de parte de las organizaciones indígenas en resistencia y las organizaciones campesinas e indígenas que tienen el respaldo del gobierno boliviano. La Subcentral Indígena del TIPNIS, con sus autoridades, Fabián Gil, Cecilia Moyoviri y Marqueza Teco, recibió a la misión con mucho entusiasmo y facilitaron su encuentro y diálogo con centenares de personas, familias y dirigentes. En cambio el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) habitantes del polígono 7 del territorio, pese a haber enviado una invitación al Tribunal a visitarlos, impidieron su paso y les restringieron su libre movilidad durante 6 horas. Este evento calificado por los miembros como una agresión a sus derechos humanos, no puede explicarse de ninguna forma, y despierta la duda, ¿Qué es lo que el CONISUR oculta?
Viale, valorando mucho la oportunidad de conocer el territorio indígena y a sus líderes actuales e históricos, aclaró que el tribunal es una instancia que promueve la paz y la solidaridad, por ello, recurrieron a todas las instancias oficiales para su llegada, y además, aceptaron la invitación de ambas partes del conflicto. Adelantando un poco del material que se incluirá en el informe, citó las palabras de los habitantes y dueños del TIPNIS: “Si se acaba la naturaleza, nosotros nos acabamos como pueblo”, “Vamos a dar nuestra vida y pasará la carretera”, “Nunca nos consultaron”, “Que pase por otro lado”, “No queremos terminar siendo trabajadores de los cocaleros”, parte del registro oral que capturaron en 3 días de recorrido por el TIPNIS.
Los miembros del Tribunal aclararon además que el informe se presentará al pleno del Tribunal, y éste decidirá qué postura tomar. El fallo de cualquier modo será un “mandato ético”, no vinculante, pero interpelador a los actores que permiten y promueven las agresiones a la naturaleza y los pueblos indígenas.
La postura del gobierno central durante estos días ha sido la de descalificar esta instancia, que antes había impulsado, y reiterar el aliento persecutorio a los pueblos indígenas, y también a ONGs y activistas. Lo que se espera de esta visita es que la denuncia que realizan las autoridades y habitantes del TIPNIS resuene internacionalmente y se detenga la construcción de una carretera que atravesará su territorio, y facilitará el paso de más colonizadores campesinos, que imponen la plantación de hoja de coca de forma intensiva.