A principios del mes de junio de este año se realizaron las Jornadas críticas desde Bolivia. Encuentro en tiempos de fragmentación, un espacio autónomo, independiente políticamente, heterogéneo y autogestivo; este espacio se convirtió en un lugar de confluencia y de despliegue de un potente debate crítico sobre la situación política de Bolivia y la región.
Las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia que confluyeron en dicho encuentro, debatieron y plantearon demandas populares frente a las afectaciones provocadas por las políticas extractivas del estado boliviano y expusieron la urgente necesidad de denunciar esta situación en apoyo a la resistencia activa que están llevando a cabo en sus territorios.
El patrón de acumulación extractivista que se ha profundizado en Bolivia, pone en el escenario la manera en que el gobierno concibe a los territorios como espacios explotables, despojables y vaciables de contenido. En alianza con grandes capitales, se están imponiendo políticas invasivas que ni siquiera el neoliberalismo había logrado impulsar, favoreciendo un extractivismo exportador que está concretando su expansión en sectores energéticos, los proyectos hidroeléctricos El Bala y El Chepete son un ejemplo de ello.
Los diversos proyectos en curso, no respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y omiten el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocida nacional e internacionalmente, convirtiéndose en una de las principales causas de la crisis socio-ambiental que el Estado boliviano enfrenta inadecuadamente con diversas medidas represivas y violentas que atentan los derechos humanos de las comunidades, las cuales enfrentan las amenazas y efectos de los múltiples despojos extractivistas.
A contrapelo de los discursos oficiales, la represión policial contra la Octava Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS el 2011, y, en 2015, aquella perpetrada contra la movilización del pueblo guaraní de Takovo Mora, la cual se oponía a actividades petroleras inconsultas, muestra la magnitud que está adquiriendo una de las formas de la violencia que pretende desarticular las resistencias a los proyectos extractivos.
Las otras facetas de la coacción estatal se despliegan desde la intromisión que el partido de gobierno efectúa sobre las organizaciones sociales, a través de ofrecimientos de “proyectos de desarrollo” y regalos, para dividir a las comunidades y debilitar las luchas campesinas e indígenas. A la par, la política de autoridades de gobierno, se plasma en una serie de dispositivos legales, (decretos supremos 2366, 2298 y 2400), que permiten el ingreso de actividades petroleras a las áreas protegidas, como es el caso de Tariquía. A través de estos decretos supremos se impone el irrespeto a los derechos básicos de los pueblos indígenas originarios campesinos a la libre determinación y a la preservación de sus formas de vida. Además de la serie de medidas de intimidación y amenazas para debilitar el apoyo que organizaciones, personas e instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y en la protección del medio ambiente.
El reciente develamiento de un proyecto de Decreto Supremo, no concretado, el cual permitía el uso de fuerzas militares para resguardar instituciones estatales estratégicas, entre ellas, las que tengan que ver con recursos naturales, y que ahora es negado por otras autoridades, muestra la tónica con la que en ciertos niveles de gobierno, no poco importantes, se discute y lee la gestión de dichos recursos.
En contraste los últimos diez años, se han desplegado renovadas luchas territoriales en clave socioambiental que visibilizan las contradicciones más profundas del Estado boliviano, y también la marginación y el silenciamiento, situación de la que quieren salir las comunidades afectadas. La articulación de comunidades en áreas rurales y urbanas, amenazadas por el extractivismo petrolero, minero y energético principalmente, en oposición legítima están movilizándose, resistiendo y disputando sus territorios frente a enormes poderes económicos y políticos, y con ello estableciendo la defensa de ecosistemas íntegros y, por tanto, defendiendo la vida de todxs nosotrxs, que somos interdependientes y parte de dichos ecosistemas.
Esta disputa no es menor, porque las comunidades y pueblos indígena originario campesinos, en particular las mujeres, están enfrentando la violencia de la ocupación capitalista de los territorios en diferentes niveles.
En estas luchas establecidas desde comunidades y colectivxs de base, radica la posibilidad de imaginar y ejercer horizontes diferentes y más allá del desastre extractivista capitalista.
A los hermanos y hermanas bolivianxs, organizaciones indígenas, campesinas y populares, les decimos que quienes firmamos este pronunciamiento nos solidarizamos con ustedes, sabemos que sus demandas son por alcanzar mejores condiciones de vida, justicia e igualdad porque así lo dicen en el pronunciamiento que elaboraron. Estamos con ustedes y nuestro corazón, fuerza y palabra lxs acompaña.
FIRMA TU ADHESIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtF-Ekq0qWS1lUDcFPA3QU3n4yEFSCsFz55ix_JseY-W95CA/viewform
FIRMA TU ADHESIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtF-Ekq0qWS1lUDcFPA3QU3n4yEFSCsFz55ix_JseY-W95CA/viewform