El pasado 13 de junio de 2017, en la ciudad de Cartagena, se presentó el simposio “Tejidos complejos de investigación-acción: el acceso a la tierra y justicia en el Estado plurinacional de Bolivia” en el marco de la Conferencia Action Reserch Network of the Americas, ARNA 2017.
La mesa fue organizada desde una pequeña red horizontal articulada en Bolivia, a partir de diversas formas de hacer activismo, academia y visiones sobre lo rural. Para dar contexto a la conversación, Ruth Bautista, coordinadora del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, se refirió a la inquietud y necesidad de pensar en el acceso y demanda a la tierra y territorio como fenómenos contemporáneos en la región sudamericana. Para esto, recayó en los tipos de experiencias bolivianas registradas en la plataforma www.porlatierra.org, de casos inspiradores de acceso a la tierra. Apuntó que en el la conformación del movimiento campesino e indígena bolivianos, se presenta una doble estrategia de lucha, por un lado la “cultura de la legalidad”, que explica cómo los líderes, dirigentes y autoridades indígenas apropian y funcionalizan las legislaciones a su favor; y por otro lado, la resistencia corporal expresada en las manifestaciones colectivas, en marchas, bloqueos, cercos, etc. De tal forma, el acceso a la tierra y territorio en Bolivia, se gesta a partir de la avanzada del movimiento indígena y campesino en relación, tensión y negociación con las acciones estatales y la disputa por la legislación. Ahí, la investigación-acción junto a las organizaciones campesinas y naciones indígenas registra una diversidad de estrategias de acceso y retorno a la tierra, y consolidación de territorios indígenas, y por su puesto varios casos vislumbran el ejercicio de la jurisdicción indígena como una novedosa y madurada herramientas de los pueblos indígenas en busca de su autogobierno y libre determinación.
Por su parte, Pedro Pachaguaya, secretario académico de la Asociación de Antropólogos de La Paz (ADA La Paz), explicó que luego de la transformación constitucional, queda construir caminos para implementarla en todas sus dimensiones. Para explicar el nuevo orden político y jurídico se refirió a la diferencia conceptual entre el ‘reconocimiento’, y la ‘incorporación’, y además, entre las nociones de ‘función jurídica’ y ‘función social’. En un período anterior, los pueblos indígenas luchaban por su reconocimiento, por la aceptación de su existencia, sus territorios y cultura, luego de lograr legislación favorable y desarrollar sus gobiernos propios, en Bolivia, la Constitución reconoce su igualdad jerárquica en el ámbito de la justicia. Entonces, se requiere que el sistema de justicia, deje de pensarse monista e incorpore al sistema de justicia indígena como una estructura con determinaciones propias. Este no es un camino sencillo pues nos asomamos al dilema, ¿Qué hacen los mil jueces de la justicia ordinaria respecto a los tres mil jueves de la justicia indígena? En cuanto a las diferencias entre ellos, Pachaguaya aclaró que los jueves ejercen una función jurídica pagada por el Estado, en cambio, los jueves indígenas que son autoridades locales que corporalizan el gobierno sobre los territorios, ejercen este cargo como parte de la función social que le deben a sus colectividades. En tal sentido, la médula de las disyuntivas señala a la disputa entre una visión de mundo dominante e individual, respecto a una visión de mundo horizontal y colectiva.
Samuel Flores, ex quraqa de la Nación Qhara Qhara, perito en justicia indígena originaria y actual secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena Originaria y Campesina, presentó la experiencia del ejercicio de los derechos constitucionales desde su territorio, la Marka Quila Quila, que ha logrado interpelar al Estado y declarar inconstitucional el requisito de la personería jurídica a los pueblos indígenas que tramitan la titulación colectiva de sus territorios, apelando a la nueva Constitución que reconoce la ‘ancestralidad’ y ‘pre existencia’ de indígenas y originarios al Estado boliviano. Tal argumento, le resta potestad al Estado para dar legalidad a los temas indígenas y en base a este principio se elevan acciones populares e interpelaciones en una variedad de casos. Además, el Tribunal de Justicia Indígena está en funcionamiento, pero el Estado se niega a ejercer la igualdad jerárquica, Flores inquiere en que “el Estado no pone un centavo para materializarla [a la justicia indígena], nuestros pueblos luchan por construirla”. Aclara Samuel Flores “yo no soy académico, soy investigador de mi raíz” y recuerda a los presentes las posibilidades de generar alianzas, pero sin establecer jerarquías o privilegiar otros principios que no sean los de los pueblos y naciones indígenas.
Cerrando el simposio, Amy Kennemore en un intento por integrar las diversas experiencias, indica que los diversos períodos de emergencia del movimiento indígena y campesino, y los logros en el ámbito de la legislación, muestran estrategias que pueden plegarse a los intereses de la investigación. El conflicto de competencias, entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, determinará en última instancia quién o qué jurisdicción tiene derecho a decidir sobre el acceso y aprovechamiento de recursos naturales, si la lógica monista y dominante del Estado o el gobierno de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Entonces, la investigación articulada a estos procesos tendrá el potencial de brindar mejores insumos a los protagonistas de las experiencias en curso y aportar a comprender si vivimos un momento de fragmentación o transformación estructural. Para ilustrar su intervención se refirió al emblemático caso de la Central agraria de Zongo (La Paz), donde las autoridades indígenas lograron la declinación de la justicia ordinaria y obtuvieron los cuadernos de control jurisdiccional para la resolución de una disputa entre los campesinos y un empresario minero. También relató sobre el caso de la comunidad de Coniri, que enfrenta a dos familias, una de ellas violenta y en un claro intento por acaparar tierras expulsa a la otra, y desde entonces, se lucha en el ámbito legal ordinario y luego, en la procura de fortalecer a las autoridades indígenas originarias para que impongan su autoridad y ejerzan una decisión y protección a la familia expulsada, el caso está pendiente.
Finalmente, se resaltó la articulación que significaban las personas que integraron Simposio, Samuel Flores como protagonista y sistematizador, Pedro Pachaguaya como sistematizador, y Amy Kennemore como aliada e investigadora comprometida con el caso aún en conflicto y no sistematizado de Coniri, confluyen en diferentes espacios no sólo de intercambio académico, sino también de una brega personal por la lucha por los territorios y la necesidad de construir e impulsar la jurisdicción indígena. Así, el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio tiene la potencialidad de articularlos en cuanto a testimonios e imágenes, no obstante, es sólo un espacio más en el que se están generando aprendizajes para el devenir de las luchas por la tierra y territorio.