Si Sudamérica es la región con altos niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, Chile, después de Paraguay, es el país donde la tierra está distribuida de forma más injusta. Por ello, los conflictos por la tierra y territorio se agudizan, y se suma los problemas por el agua, que tiene carácter de bien privado en su Constitución. Por ello, varias voces proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público.
“El coeficiente de Gini para la tierra – un indicador entre 0 y 1 donde 1 representa la máxima desigualdad– es de 0,79 para el conjunto de la región, siendo 0,85 en América del Sur. Según este indicador, Paraguay (con un coeficiente de Gini de 0,93) es el país donde la tierra está peor repartida, seguido por Chile (0,91) y Venezuela (0,88)”, explica el informe de Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina.
El geógrafo brasileño Carlos Walter Porto-Gonçalves explica que la mayoría de las veces la concentración de tierras significa concentración de fuentes de agua, y las actividades extractivas como la minería y la agroindustria tienen esa capacidad de concentración. Esa situación se da con mucha fuerza en Chile.
Los altos precios del agua, transada como un bien de mercado, y campesinos casi en extinción, reemplazados por trabajadores temporeros, son efectos visibles de una crisis en el agro chileno a 50 años de una reforma agraria que postuló “la tierra para el que la trabaja”, comienza el reportaje de IPS sobre el agua.
Para hacer frente a esta crisis, dirigentes ecologistas y sociales proponen una nueva reforma agraria para recuperar el agua como un bien público, en momentos en que una persistente sequía azota a gran parte de Chile y obliga a usar camiones cisterna para repartir agua en barriadas populares de numerosas ciudades del país.
El año pasado también se duplicaron respecto a 2015 la cantidad de pequeñas localidades sin agua a las que debió atenderse usando los camiones aljibe, ha reconocido el responsable del área en el gobierno, el director general de Aguas, Carlos Estévez.
“En Chile el agua, separada de la tierra, se transformó en un bien de capital al arbitrio de especuladores en circunstancias que la jurisprudencia internacional indica que debería estar a disposición de preservar la vida, la producción de alimentos y, después, las demás actividades económicas”, afirmó a IPS el experto y activista Rodrigo Mundaca.
El secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima) aseguró que “es fundamental una segunda reforma agraria para recuperar el agua”, tras la ocurrida en los años 70.
“La revolución verde es un modelo que no preserva los bienes naturales. Tenemos un modelo exportador asociado al mono cultivo y hay que impulsar un nuevo paradigma de desarrollo con una relación armoniosa con la naturaleza”, dijo.
Este país sudamericano es un gran productor y exportador de alimentos, gracias a la producción de grandes empresas y a consorcios dueños de la tierra y del agua.
La mitad de sus exportaciones, que en 2016 superaron los 60.000 millones de dólares, siguen siendo mineras, pero Chile es también uno de los 10 principales países del mundo en ventas al exterior de alimentos, con varios rubros en los que ostenta el primer lugar, aportando el sector en total unos 20.000 millones de dólares.
En contraste, los derechos de agua en Chile, privatizados en 1981 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tienen en jaque a la agricultura familiar y campesina, que lucha por la reconversión, al menos parcial, de este recurso al control público.
La Constitución de 1980 consagra al agua como un bien privado. El uso de los recursos hídricos, según reglas del mercado, está regulado por un Código de Aguas, que confiere al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento a empresas, de forma gratuita y perpetua.
Además, faculta a comprar, vender o arrendar esos derechos sin considerar prioridades de uso. En Chile hay vigentes 110.000 derechos del agua al amparo de esa norma.
En el legislativo Congreso Nacional avanza una modificación a ese código, propuesta por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque su aprobación definitiva demorará meses.
El proyecto convierte en temporales y no perpetuos los derechos de agua, pero norma solo las concesiones futuras y no revisa hacia atrás, una cuestión criticada por ecologistas y activistas sociales del área rural.
A 50 años de la reforma agraria iniciada por el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei (1964-1970) y profundizada por el del socialista Salvador Allende (1970-1973), aumentan quienes plantean una segunda reforma al agro para que el agua vuelva a ser un bien social, concluye el reportaje.
Fuente:
Texto trabajado sobre la base del reportaje Derecho al agua impulsa propuesta de reforma agraria en Chile escrito por IPS.
http://www.ipsnoticias.net/2017/05/derecho-al-agua-impulsa-propuesta-de-reforma-agraria-en-chile/ .
Foto Principal: Pequeños agricultores de Samo Alto, en el norte de Chile, se ven obligaos a compartir la escasa agua del río Hurtado con grandes agroexportadores, que se benefician de una represa construida aguas abajo. En el país, el recurso es un bien privado, entregado a perpetuidad a los concesionarios. Crédito: Orlando Milesi/IPS