El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio (MRxTyT) y sus aliados condenan las acciones violentas en contra del pueblo indígena Shuar por parte del gobierno de Ecuador que decretó estado de excepción y militarización de la comunidad de Nankints en la provincia de Morona Santiago tras conflictos presentados con la Policía a raíz de la oposición de los indígenas a la explotación minera en su territorio.
Lamentamos que el gobierno de Rafael Correa haya autorizado la explotación minera por la empresa china Explorcobres SA. en un territorio indígena sin realizar la consulta previa a las comunidades afectadas y sin escuchar oportunamente las protestas de los indígenas. Dicha acción ilegal, además estuvo acompañada del desalojo de los indígenas en agosto de este año para viabilizar la construcción del campo minero.
El Movimiento alerta que estas acciones gubernamentales puedan provocar más hechos de violencia en contra pueblo Shuar, violando sus derechos humanos fundamentales. Asimismo, que las acciones en contra de los pueblos indígenas e instituciones defensoras del medioambiente en el Ecuador cada vez sean más continuas y agresivas.
También expresa su preocupación por la decisión del gobierno de Ecuador de querer disolver a la ONG Acción Ecológica mediante una resolución por ser acusada de “manifestar su respaldo a las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad shuar”. Asimismo, le preocupa que el gobierno ecuatoriano anteponga los intereses de transnacionales extranjeras, en este caso chinas, a los intereses de los pueblos indígenas y la sociedad ecuatoriana en general.
El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio ve que la acusación del gobierno ecuatoriano a la ONG de haber incurrido en acciones que se distancian de sus objetivos iniciales es simplemente una estrategia para acabar con instituciones que cuestionan sus políticas extractivistas y respaldan los derechos de los pueblos indígenas.
Adviertimos con alarma que esta actitud va en la línea de otros gobiernos populistas de Sudamérica, como es el caso del gobierno boliviano que desde 2011 —cuando se presentó el conflicto de la construcción de una carretera por medio del TIPNIS—, acusa a las ONG de realizar acciones políticas; o del gobierno paraguayo, el cual a través de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, emitió en 2015 una resolución de “amonestación y advertencia” contra la abogada María Julia Cabello Alonso, coordinadora de la organización Tierraviva, que trabaja en defensa de los derechos de la comunidad Sawhoyamaxa.
El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio rechaza todo acto de violencia hacia el pueblo Shuar, respalda y brinda su solidaridad ante su lucha contra el extractivismo minero y a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la naturaleza realizada por el grupo Acción Ecológica.
Finalmente, el Movimiento convoca a todos los países y territorios a estar alertas frente este tipo de acciones violentas y amedrentadoras a los pueblos indígenas y las organizaciones que las apoyan y a pronunciarse ante estas acciones criminales.
¡No a la militarización y criminalización de territorios indígenas!
¡No a la persecución y libertad de expresión de los Aliadxs #PorlaTierrayTerritorio!
¡Agua sí, mina no!
Foto: CONAIE