Si bien el genocidio indígena viene acarreando un silencio desde la década de los 80s y 90s (alrededor de 106 asesinatos para el año 2010); desde que empezó el cese del fuego bilateral y definitivo, hace más de 90 días, se han denunciado casos de ataque por las FARC (70 en lo que va del año, 124 desde el 2013) a través de organizaciones indígenas de Marcha Patriótica y otros, generando una movilización masiva de apoyo en redes y plantones físicos denominada #QuePareElGenocidio.
Pese a las denuncias y actos de apoyo, el gobierno de Santos aún no muestra políticas de protección ni presenta investigaciones en los casos denunciados. Redes Sociales y movimientos independientes de periodismo comparten casi a diario denuncias de amenazas y noticias de genocidio. Ante estas faltas, los pueblos indígenas manifestaron su rechazo en la región de Nariño, pronunciando los siguientes puntos:
1. Rechazo al atentado con artefacto explosivo que sufrió en su hogar el Gobernador Indígena del Resguardo del Gran Cumbal, Jorge Humberto Chirán Chirán, del pueblo de los pastos el 28 de noviembre de 2016.
2. Denuncian las amenazas y hostigamientos al trabajo en defensa del territorio que en las últimas semanas se han incrementado en medio del asesinato de importantes líderes campesinos de la región, de la que ha sido objeto la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán -ACIS- en especial las amenazas contra la indígena nasa Luz Mery Panche.
3. Invitan a organizaciones nacionales e internacionales y de derechos humanos a acompañar y rodear la movilización ciudadana y popular del próximo 2 de diciembre en San Vicente del Caguán en la que junto a otros sectores sociales de la región rechazaremos el plan de exterminio de líderes y organizaciones sociales.
4. Denuncian el plan sistemático de asesinatos (con 126 víctimas), atentados, amenazas y persecución política de líderes campesinos, indígenas y afros del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en todo el territorio nacional y en general de todos los líderes sociales y defensores de derechos humanos y ambientales del movimiento social colombiano en defensa de la vida.
5. Exigen al Gobierno Nacional compromiso de paz verdadera y el desmonte de las estructuras paramilitares y neutralización de los enemigos de la paz en Colombia como un mensaje que contribuya a una real transformación de las condiciones estructurales que ocasionaron el conflicto armado en Colombia.
6. Hacen un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a pronunciarse y hacer seguimiento a la grave situación humanitaria que estamos viviendo en Colombia reafirmando nuestro compromiso de construcción de paz en Colombia.
Se dice que el Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, así como la seguridad para el ejercicio de la política, en particular mediante la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Cabe recordar que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica, este año 232 líderes han sido amenazados; 21 han sufrido atentados y 70, asesinados.
Desde el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, repudiamos estos hechos y nos sumamos a los pedidos de justicia y cese a la persecución de líderes indígenas en Colombia y Sudamérica.
Invitamos a escuchar el audio del programa radial La Paz te toca. Análisis del proceso de Paz que vive Colombia: http://aler.org/index.php/node/996