En dos años, 43 comunidades campesinas fueron violentadas en conflictos por tierras o fumigaciones sojeras en distintas zonas del Paraguay. La totalidad de casos sucede en el marco de la lucha por la tierra o contra el modelo de agronegocios que deriva en la criminalización y en algunos casos en la judicialización de la lucha campesina.
La información se encuentra sistematizada y analizada en el libro “Judicialización y violencia contra la lucha campesina”, de los autores Abel Areco y Marielle Palau, que recoge casos ocurridos entre agosto de 2013 y agosto de 2015 en Paraguay. Se trata de un libro de BASE Investigaciones Sociales en el que se analizan los patrones del proceso de criminalización en los primeros años del gobierno de Horacio Cartes.
En el prólogo del libro, Juan Martens Molas explica: “El procesamiento, la detención, la prisión y la condena de campesinos y campesinas que reivindican derechos fundamentales es la cara más visible de un Estado débil (no ausente), útil y funcional a poderes fácticos y a mafias regionales/departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protección de sus negocios. Sin embargo, los delincuentes ambientales (como los cultivadores de soja en contravención de leyes y disposiciones administrativas, traficantes de rollos de madera y contaminadores) y los poseedores de tierras malhabidas, quedan impunes e incluso exceptuados de toda investigación y sanción penales”.
Del total de 43 casos de criminalización, más del 60% está vinculado a la lucha por la tierra y cerca del 40% está comprometido con la lucha contra los agronegocios. La mayoría de ellos sucede en los departamentos de Canindeyú y San Pedro.
El recuento tiene más datos: 87 personas heridas y torturadas; 16 casos de destrucción de bienes (quema de viviendas, destrucción de cultivos y quema de bienes particulares); 460 personas imputadas en la justicia ordinaria; 273 personas detenidas y 38 personas condenadas.
Para acceder al libro, aquí.