En el marco de la Conferencia de Tierras y Territorios, realizada en la ciudad de Bogotá entre el 23 y 26 de agosto, se presentó el panel Políticas estatales de tierras y territorios: estudios críticos desde una perspectiva histórica y comparativa, organizado por FIAN Ecuador, el Observatorio del Cambio Rural (OCARU), la Asociación de Montubios Autónomos de Colimes (ASOMAC) del Ecuador; el Colectivo Agrario Abya Yala y la organización campesinas de Agrodescendientes de Colombia y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) de Bolivia, varios de ellos aliados y protagonistas de la plataforma del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio.
Desde Ecuador, el investigador Esteban Daza (IEE/OCARU) inició el conversatorio resaltando la importancia de sostener una mirada crítica hacia países como Ecuador y Bolivia, autodenominados progresistas, y a la vez, procesos como el colombiano, donde se sostienen posturas marcadamente neoliberales en medio de la construcción de paz. En el caso ecuatoriano, Daza refirió al proceso gubernamental reciente en el que sí se abordaron temas centrales como la Soberanía Alimentaria y la redistribución de tierras; no obstante, las propuestas populares no llegaron a concretizando abriendo un panorama de conflicto y crítica. Al contrario, las políticas públicas se afirman a favor de la agroindustria y la afectación de territorios indígenas. Luego de un periodo de cooptación y desarticulación de las organizaciones, se reunieron varias de ellas en sus niveles nacionales y regionales junto a obreros y estudiantes, para debatir y proponer el Acuerdo Agrario Nacional que busca generar espacios con quienes luchan por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria.
Por su parte, Nataly Torres de FIAN Ecuador, manifestó que el derecho humano a la alimentación está siendo golpeado en el Ecuador. Debatir y pelear por la alimentación es luchar por la tierra y el agua. Refirió al Plan Tierras que se propuso redistribuir más de 2 millones de hectáreas a campesinos y aún no logra cubrir ni 2% de lo prometido, y en el peor de los casos, su impacto tiene que ver con el perjuicio a los campesinos que han tenido que comprar la tierra a precios de mercado, sin recibir crédito o asesoramiento. Para sostener estos argumentos, Carlos Carpio dirigente de ASOMAC, relató la experiencia de Colimes. Antes de que se implemente el Plan Tierras, ellos habían peleado por la posesión de 675 hectáreas de tierra de una hacienda abandonada, siempre existió la posibilidad del desalojo y al conocer de esta política pública, decidieron participar de ella sin sospechar que se entramparían en la burocracia institucional. Actualmente, están tomando acciones legales y planificando un reajuste en la entrega de tierras entre socios decididos a no retirarse de sus tierras.
Sobre Bolivia, Ruth Bautista como representante del IPDRS y dinamizadora del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, se refirió a los territorios colectivos cuyo proceso de consolidación oscila entre la resistencia corporal, manifestada en cercos, bloqueos, marchas, etc., y la apropiación de una “cultura de la legalidad” que les ha hecho conocer y proponer la legislación necesaria para defender y acceder a la libre determinación como pueblos indígenas. Para ilustrar estos planteamientos, se refirió a los casos de la Marka Quila Quila y el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure, como procesos que demuestran que la titulación jurídica no necesariamente expresa el nivel de autodeterminación de los pueblos y que la defensa territorial que encabezan los pueblos indígenas tienen la capacidad de convocar al resto de la sociedad e interpelar al Estado.
En el caso de Colombia, Jhon Jairo Cerna de la Universidad Católica de Antioquia y Fernanda Sánchez de Agrodescendientes expresaron su preocupación y anhelos ante el actual proceso de decisión y construcción de paz en su país. Fernanda nos invitó a cuestionar las categorías con las que se comprende el campo y además, a comprender la realidad no sólo desde las políticas públicas, sino más bien, desde las propuestas concretas, así, se refirió al planteamiento de las ‘universidades nómadas’ que promueven campesinos experimentados en la agroecología y certeros de sus apuestas y saberes. Agrodescendientes invita a ‘campesinizar el pensamiento’ y establecer lazos de empatía entre organizaciones, países y movimientos.
Por su parte, Diego Chávez del Colectivo Agrario Abya Yala y Andrea Murillo del mismo colectivo y además, protagonista del caso Familia Murillo Barajas se refirieron a la problemática de los jóvenes rurales en su acceso al trabajo y en su visibilidad respecto a las políticas que se ofrecen al campo. Al parecer no existe en el campo colombiano –ni en el resto de países- posibilidades para un relevo generacional, no se trata de que se sobreentienda que el hijo de campesinos sea campesino, sino de posibilitar esta continuidad generacional y de hecho, los campesinos enfrentan y generan estrategias para volver al campo, y en ese sentido, aquellos que son vistos compro problemas migratorios, puede que resulten ser formas complementarias de adquirir recursos y conocimientos para continuar en el campo.
Para finalizar el panel, el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio entregó un reconocimiento a los compañeros de ASOMAC por su lucha consecuente y su celebración por acceder a la tierra. Próximamente, el Movimiento presentará el primer caso elaborado por Agrodescendientes.
* Fuente y fotografías: IEE/OCARU