La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) acordó con el Instituto de la Tierra (INDERT) que en dos meses esa instancia estatal deberá atender la situación de 18 asentamientos campesinos, según informa el portal de BaseIS.
Las demandas de los asentamientos campesinos son distintas, desde la desburocratización para pagar por las tierras hasta que por lo menos se mueva el expediente de solicitud de tierras. BaseIS explica que, por ejemplo, “en el caso del asentamiento Primero de Marzo Joaju, ubicado en el departamento de Canindeyú, a 300 kilómetros al Este de Asunción, sus 330 familias esperan que el INDERT emita un dictamen favorable a la expropiación estatal de dichas tierras”.
El portal del INDERT informa que, según su titular, unas cien mil familias del campo carecen de tierras: “El 40% de las tierras públicas del INDERT están en manos de personas que no son sujetas de la reforma agraria...”. Oficialmente se sabe que el Estado paraguayo recuperó 70 mil hectáreas de tierras fiscales malhabidas para entregar a “los verdaderos sujetos de la reforma agraria”.
En Paraguay, la Federación Nacional Campesina, la Organización de Lucha por la Tierra y la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri) iniciaron una campaña en la que pretende recuperar esas tierras, suprimidas en el pasado por la dictadura militar, para la reforma agraria. La campaña tiene un sitio web con información sobre las “tierras malhabidas” y relatos de casos específicos de esas expropiaciones. La Comisión de Verdad y Justicia, que investigó las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, sumó casi 8 millones de hectáreas robadas entre 1954 y 2003.
Foto: OLT