Las 330 familias campesinas del asentamiento 1° de Marzo, ubicado en el departamento de Canindeyú, están hace tiempo amenazadas por el desalojo de sus tierras. Hace cinco años que gestionan la expropiación con fines de reforma agraria de un pedazo de tierra para reproducir su vida cotidiana y forjar el futuro de sus hijos.
La comunidad está asentada en el lugar donde producen la tierra, construyeron una escuela, atienden su salud y cuentan con una radio comunitaria. Según BaseIS, la comunidad ha cumplido el rol que debería estar en manos del Estado puesto que, en 4.500 hectáreas, han extendido los servicios de agua, electrificación, caminos, se proveen de asistencia productiva y resuelven problemas de empleo. Se trata de una comunidad que se autosostiene, a pesar del acoso para obligarla a desalojar las tierras.
La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) ha denunciado que las tierras reclamadas por los campesinos son malhabidas, es decir son tierras que el IBR adjudicó a una empresa mercantil después de considerarla “sujeto” de la reforma agraria. El reporte de la OLT muestra que en tres años las familias de 1° de Marzo sufrieron: tres desalojos violentos; dos atropellos de matones (quema de viviendas y robo de animales); persecución penal de sus dirigentes (todos están imputados ante la justicia ordinaria).
La comunidad 1° de Marzo ha recibido apoyo de otras organizaciones campesinas fuera del Paraguay, y su resistencia es inspiradora también para el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio.
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Datos y fotografía: OLT