La intromisión gubernamental dentro del procedimiento y requisitos para reconocer a las organizaciones de los pueblos indígenas llevó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Cofeniae) a exponer sobre los obstáculos a su libertad de asociación en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La exposición de motivos sucedió en el marco del periodo 157 de sesiones de la CIDH, iniciado el 4 de abril, y junto con las dos organizaciones indígenas participaron el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. El Estado ecuatoriano, más precisamente sus representantes gubernamentales, no se presentaron en la audiencia.
El sitio de la CONAIE (conaie.org) describe: “La audiencia temática tuvo como finalidad visibilizar la situación actual del derecho a la asociación de las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas del país que se ha visto gravemente afectado desde el año 2015 cuando el gobierno nacional trasladó las competencias de registro y legalización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad que pertenece a la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política. La Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad legaliza y registra a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a su conveniencia. Así, si una comunidad o autoridad se opone a las políticas gubernamentales, simplemente no es legalizada y registrada por la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad de la Secretaria de la Gestión de la Política”.
Los participantes propusieron recomendaciones que la CIDH podría considerar para plantear al Estado ecuatoriano.
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