Fuente: Infoindígena / Servindi
En una reciente publicación audiovisual, el Programa Regional de ProIndígena de la GIZ, compara cinco países sudamericanos sobre los avances y obstáculos encontrados en las diferentes experiencias de gobernanza indígena de los países involucrados.
Se trata del vídeo: "Territorios Indígenas: una mirada comparativa" realizado entre el 2014 y 2016 con el objetivo de mejorar las condiciones para la autogestión territorial indígena donde los países involucrados fueron Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.
El video de 40 minutos de duración enfatiza en la normativa internacional y nacional sobre el derecho al autogobierno de los territorios indígenas y en la definición de prioridades basadas en usos y costumbres específicos de cada pueblo indígena.
Además, analiza las brechas entre los estándares internacionales y los avances logrados en la región hasta fines del 2016.
Asimismo, la publicación da a conocer algunas experiencias concretas de autogestión territorial en los cinco países de la región con la finalidad de resaltar la gran diversidad de experiencias existentes, sus distintos entornos y los diferentes grados del avance en la autogestión territorial logrados hasta el momento.
Países que reconocen territorios indígenas
El trabajo demuestra que Colombia es el país andino que ha adjudicado más tierras y territorios a los pueblos indígenas. Además, tiene la historia más larga de reconocimiento oficial de los resguardos indígenas frente a los otros países analizados.
Aunque en el 2014 se emitieron varios decretos presidenciales con la posibilidad de canalización de recursos públicos a favor de las autoridades indígenas para sus acciones de autogobierno en materias de salud, educación y agua, aún falta la Ley de Ordenamiento Territorial para reconocer a los resguardos indígenas como Entidades Territoriales Indígenas (ETI), con derechos a administrar fondos públicos para todos los asuntos priorizados por ellos mismos.
En el caso del Estado boliviano, cabe destacar que los territorios indígenas de la Amazonía, conocidos como los Territorios Comunitarios de Origen (TCO), los mismos que ocupan considerables extensiones de terrenos, fueron reconocidos inicialmente desde 1996.
Sin embargo, es con la Constitución del 2009 que se reconoce el derecho a la autonomía indígena también en otras regiones del país. Para ello se creas las Autonomías Indígenas Originarios Campesinos (AIOC), pero para ser reconocida como una, se tiene que cumplir con una larga lista de requisitos hasta poder lograr el reconocimiento oficial.
El Estado boliviano destaca porque cuenta con un Viceministerio de Autonomías que es el encargado de apoyar a las autonomías indígenas. Además, cuenta con el Fondo Indígena Nacional de un monto considerable que proviene de un porcentaje de las regalías de los hidrocarburos.
Por otro lado, el Estado ecuatoriano mediante su Constitución del 2008, reconoce el derecho a conformar Circunscripciones Territoriales Indígena (CTI), que se encarga de ejercer competencias por principios de interculturalidad y plurinacionalidad, de acuerdo a los derechos colectivos, con base en las tradiciones ancestrales.
En la legislación posterior, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece una larga lista de requisitos para la conformación y el reconocimiento de cada territorio como CTI y se limitan sus competencias equiparándolas a las de cualquier otro gobierno local.
Ante ello, muchos pueblos indígenas de Ecuador, hace muchos años, autogestionan sus territorios sin reconocimiento oficial. Algunos, sobre todo los de la Amazonía, aspiran a convertirse en una CTI, pero hasta la fecha, ninguno ha sido reconocido como tal; mientras que otros, ejercen su autonomía sin buscar reconocimiento oficial.
Países que no reconocen territorios indígenas
En Paraguay, los territorios indígenas no se encuentran reconocidos oficialmente, solo las comunidades y los pueblos indígenas. Muchos de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas terminaron en manos de grandes empresas agroexportadoras, y para poder recuperarlos y titularlos a favor de las comunidades indígenas, el Estado tiene que comprar las tierras.
Si bien existe una entidad estatal, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el apoyo estatal es muy reducido. Por ello, existen algunas comunidades indígenas contiguas que se autogobiernan como territorios sin haber sido reconocidos oficialmente, siendo la mayor amenaza para ellos los desalojos violentos, la deforestación y los daños al medio ambiente por monocultivos y ganadería a gran escala.
En el caso peruano, no existe un desarrollo normativo semejante al de los otros países, pues la Constitución no reconoce territorios ni pueblos indígenas, solo comunidades campesinas en la sierra y comunidades nativas en la Amazonía, con derecho a la propiedad colectiva de la tierra.
Los derechos de las comunidades han sido cada vez más recortados por leyes contemporáneas, que amenazan la integridad de los territorios indígenas, el acceso a los recursos naturales tan importante como la sobrevivencia de estos pueblos.
Al igual que en Ecuador, es sobre todo el movimiento indígena de la Amazonía el que busca autogestionar sus territorios. En la práctica, varias comunidades nativas contiguas autogestionan sus territorios hace mucho tiempo; sin embargo, esta gobernanza territorial no cuenta con ningún apoyo.
¿Qué hacer para poner en práctica el autogobierno territorial?
Para poner en práctica el autogobierno territorial, se requiere flexibilizar y crear normas específicas aplicables a la gran diversidad de territorios y culturas indígenas, ya que hasta la fecha, los trámites para el reconocimiento oficial de cada territorio indígena son muy largos y caros e impiden a muchos ejercer su derecho a la autonomía.
Además, los Estados tienen la obligación de brindar apoyo técnico culturalmente adecuado y de canalizar recursos públicos significativos en forma directa a las autoridades indígenas para el autogobierno territorial.
Asimismo, se requiere avanzar en la profesionalización de técnicos y autoridades indígenas en la autogestión territorial y en la generación de salarios continuos para los mismos, pues la falta de apoyo y las amenazas crecientes a los territorios indígenas generan corrientes de desplazamiento masivo ante la imposibilidad de crear condiciones de sobrevivencia dignas para los pueblos y sus culturas en lugares de origen.